La CIA pide a la Justicia que no desclasifique documentos sobre interrogatorios realizados durante la etapa de Bush
INTERNACIONAL
El director de la CIA, Leon Panneta, pidió ayer a un tribunal federal que no desclasifique 92 vídeos relacionados con las torturas a prisioneros cometidos durante la anterior Administración y cuya publicación «podría suponer un peligro nacional».
La petición de Panetta se producía apenas unos días después de que el juez, Alvil K. Hellerstein, admitiera a trámite la denuncia interpuesta por la sociedad americana de derechos civiles, UCLA , en la que se exige al Gobierno de los Estados Unidos que haga públicos todos los interrogatorios a terroristas llevados cabo durante la etapa de George W. Bush.
Para justificar esta petición, los miembros de la UCLA argumentan que el secretismo con que el pasado Gobierno abordó el tema de los interrogatorios supone un ataque directo a la libertad de información, una postura que también han defendido los principales medios de comunicación del país.
Precisamente, establecer ahora mismo donde se encuentran los límites entre el derecho a la información y a la seguridad nacional supone uno de los grandes retos de la actual Administración, que en los últimos meses ha lanzado señales contradictorias al respecto.
Así, mientras el propio Barack Obama permitía el pasado mes de abril la divulgación de cuatro memorandos que describían los métodos usados por los republicanos para extraer información de los detenidos, el Gobierno se negaba en redondo a publicar las fotografías de supuestas vejaciones y malos tratos a presos alegando que «solo conseguirían un efecto negativo en la población».
Esta argumentación fue utilizada también ayer por Panetta, quien añadió, además, que si los tribunales acceden a desclasificar este material «esto no solo no sería beneficioso para la imagen de nuestro país, sino que aportaría incluso información a los terroristas».
Panetta, que estos días libra además una guerra de competencias contra el llamado Cuerpo de Inteligencia Nacional, bajo cuya ala se engloban 16 agencias gubernamentales, no ha sido el único funcionario en tener que defender su territorio ante el inminente avance de las demandas civiles.
Otro de los que se ha visto obligado a salir a la palestra ha sido el director del FBI, Robert Muller, quien el pasado lunes tuvo que defender ante el Congreso norteamericano el derecho de sus agentes a espiar en las mezquitas. «Tenemos derecho a hacerlo porque nosotros no espiamos a las religiones, sino que espiamos a las personas», aseguró el alto funcionario en respuesta a la denuncia interpuesta por una asociación musulmana de Michigan.