Para poder acudir a las urnas en el país de las libertades, los votantes tienen que cumplir, al menos, con tres requisitos básicos: ser ciudadanos estadounidenses, primero; estar en plenas facultades mentales; y, finalmente, no haber cometido ningún delito con anterioridad.
Esta medida de privar a los ex convictos de sus derechos civiles es la que más oposición ha encontrado entre la sociedad. Se calcula que, al menos, 5,3 millones de estadounidenses son excluidos cada cuatro años del censo por culpa de sus antecedentes.
De los cincuenta estados existentes en Norteamérica, tan solo dos -Vermont y Maine-autorizan a sus prisioneros el derecho a elegir presidente. En cuanto al resto, 48 estados prohíben explícitamente el voto a las personas que están encarceladas. Lo hacen, también, otros 36 con aquellos ex convictos que se hallan en libertad condicional, mientras que otros 31 estados niegan el voto a cualquier persona que tenga un solo antecedente.
Aunque no se sabe con claridad cuál es el origen oficial de este veto constitucional, los historiadores datan los inicios de esta medida tras la guerra civil estadounidense, momento en el que algunos estados comenzaron a permitir votar a los afroamericanos.