El gobierno local trata ahora de regularizar otra deuda pendiente, esta vez con la agrupación local de la Cruz Roja
06 nov 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La regularización de la situación financiera del Ayuntamiento de Chantada sigue centrando el debate político en este municipio. Igual que ocurrió en la anterior pleno municipal, la economía y y la deuda con los proveedores volverán a monopolizar la reunión de la corporación local que corresponde convocar este mes. Será mañana y el Partido Popular aprovechará para defender de nuevo la necesidad de hacer una auditoría que retrate el estado actual de las cuentas municipales.
Previsiblemente, los populares se quedarán solos en el empeño. Ya introdujeron la propuesta en el anterior pleno y el resto de los grupos los acusaron de poner en duda el trabajo del servicio municipal de intervención. El portavoz del PP, Ramón Fernández Reinoso, aceptó dejar la cuestión pendiente y el alcalde prometió reunir a todos los grupos para estudiar el plan de ajuste que impone el ICO para conceder un préstamo con el que el Ayuntamiento pagará a una parte de sus acreedores.
Un mes después, en el PP consideran que la situación no solo no se ha aclarado, sino que es más confusa. «A alcaldía leva ao próximo pleno o recoñecemento de facturas das que parece que antes non se sabía», se queja.
Efectivamente, el orden del día del pleno de mañana incluye como único punto -además de los preceptivos de resoluciones de la alcaldía, mociones y ruegos y preguntas- un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos. Se trata de una medida similar a la adoptada el pasado 10 de octubre, pero mucho más limitada. «Só se trata de recoñecer unha pequena débeda que tiña adquirida o Concello coa Cruz Vermella», explicó ayer el alcalde.
Préstamo y ajuste
En el pleno de octubre, la corporación chantadina dio su visto bueno por unanimidad a la solicitud al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de un préstamo de 270.000 euros para rebajar el nivel de deuda acumulada en los últimos años. Para que se lo concedan, el Ayuntamiento tiene que comprometerse a devolverlo en no más de tres años. Eso obligará a los responsables municipales a aplicar un plan de reducción de gastos cuyo alcance está todavía por determinar.