El presidente insiste en que fue Zapatero quien recortó sus salarios
20 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Medio millar de funcionarios se concentraron ayer en la sede de los servicios centrales de la Xunta en Santiago para exigir a Feijoo una rectificación pública de sus declaraciones sobre el elevado índice de absentismo laboral y sobre su justificación al retraso en el pago de las nóminas de los empleados de Xustiza. Unas manifestaciones que el personal circunscribe en una campaña de desprestigio de los empleados públicos, a la que los funcionarios respondieron ayer con una exhibición pública de su malestar. Poco antes de las once de la mañana, decenas de trabajadores abandonaron sus puestos y, dentro del recinto, se dirigieron a las puertas del complejo con pancartas con lemas que ponían en entredicho la condición de funcionario del presidente gallego, que el mismo Feijoo reivindicó.
La presidenta de la junta de personal, Pilar de Celis, leyó una carta dirigida a Feijoo antes de que se disolviera la concentración. Fue esta representante de la CIG, organización sindical mayoritaria, la que intentó, junto a otras funcionarias, entregar la carta en mano a Feijoo mientras se celebraba el Consello de la Xunta.
Hasta allí se acercó el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, con intención de recoger la misiva y dársela A Feijoo, pero los representantes de los trabajadores decidieron entonces hacer el trámite por el registro oficial. Poco después, tras el Consello, Feijoo mostró su total respeto a la convocatoria, «aínda que se faga o mesmo día en que ven o presidente do Goberno, que reduciu un 5% o soldo a todos os funcionarios».
Feijoo contrapuso la actitud de la Xunta -que durante una reunión el pasado lunes con los sindicatos anunció que no habrá nuevos recortes- con la de la Administración central, que, sin diálogo alguno, recorta las retribuciones. Miembros del Gobierno gallego, como el conselleiro Alfonso Rueda, sostienen que las manifestaciones públicas de Feijoo no perseguían dudar de la profesionalidad de los funcionarios, sino abrir un debate para buscar mejoras, un objetivo, dijo, que comparten muchos empleados de la Administración autonómica.
Mientras, el CSIF redactó una carta en la que recuerda al resto de los sindicatos que cualquier acuerdo resultante de la convocatoria de ayer debe ser aprobado por la junta de personal. José Francisco Sánchez Brunete, responsable de la sección sindical de CSIF, dice que no se pueden adoptar decisiones en nombre de la junta sin que se haya reunido y que todos los pasos que se den sin este formalismo «deben asumirlos los sindicatos que lo suscriban».