La Fiscalía ve indicios de ilegalidad en las oposiciones de la Diputación de Ourense
GALICIA
La intervención del fiscal llega en respuesta a una denuncia de un opositor que alertó de que las ofertas de empleo no respetan la cuota para personas con un grado de discapacidad del 33% o superior.
24 mar 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Florentino Delgado Ayuso, fiscal jefe de Ourense, ve indicios de ilegalidad en las convocatorias de empleo público de la Diputación ourensana. A pesar de las continuas denuncias de PSOE y BNG en relación al supuesto nepotismo con el que se gestionan las contrataciones de la institución, la Justicia no había visto hasta ahora motivos para actuar contra su política de personal. De hecho, la Fiscalía cuestiona ahora la legalidad administrativa de las convocatorias de empleo de la entidad provincial, pero no lo hace porque las plazas se adjudiquen a dedo, sino porque no se reserva el porcentaje marcado por ley para personas con discapacidad.
La intervención del fiscal llega en respuesta a una denuncia presentada por Xosé Antón Vázquez Dorrío, un opositor que alertó de que las ofertas de empleo de la Diputación no respetan la cuota establecida por ley del 5% para personas con un grado de discapacidad del 33% o superior. La institución argumentó en su momento que le resulta imposible reservar ese porcentaje porque las plazas se suelen convocar de una en una o de dos en dos.
El fiscal no entra a valorar el asunto de manera detallada, pero en su escrito concluye que «se constata un indicio de ilegalidad administrativa». A pesar de ello, Florentino Delgado decidió archivar las diligencias abiertas por el caso y derivar a Vázquez Dorrío al juzgado de lo contencioso-administrativo. El fiscal adelanta el resultado que se podría derivar de esas acciones legales: «Las alegaciones del denunciante deberían producir en la oportuna sede contencioso administrativa el resultado de la nulidad de las convocatorias».
La Fiscalía desecha la petición de acusar de prevaricación al presidente de la Diputación formulada por Vázquez Dorrío. Según Florentino Delgado, ese delito «requiere de algo más que la mera actuación ilegal administrativa».