Cada semana se tramitan seis denuncias por daños al patrimonio

Carlos Punzón
Carlos Punzón REDACCIÓN/LA VOZ.

GALICIA

Arquitectos y concellos reclaman un catálogo de los elementos culturales singulares para evitar su destrucción

09 dic 2010 . Actualizado a las 02:14 h.

Incapacidad. Edificaciones como el Teatro Principal de Tui languidecen en el abandono más absoluto, a pesar de su interés arquitectónico y constructivo. La Administración insta sin éxito al mantenimiento de los edificios singulares.

Poca incidencia. El patrimonio arqueológico sufre incluso la acción de la propia Administración en sus proyectos de infraestructuras. Una explotación de kiwi arrasó este año en Oia un petroglifo, pero la Fiscalía archivó el caso.

En aras de la seguridad. La vivienda más antigua de Betanzos se demolió por supuesta peligrosidad, pese a ser un bien protegido. Cientos de casas de los cascos antiguos caen en Galicia sin conocerse qué pueden albergar en su interior.

Amenaza al Camino. Un millón de metros cuadrados destinados a un polígono industrial amenazan en O Pino la integridad del Camino. El caso está en los tribunales, pero otras agresiones rebajan el nivel de la ruta jacobea en Galicia.

Un atentado contra el patrimonio artístico y cultural acaba de costarle la inhabilitación al alcalde de Melón. A 75 metros del monasterio de Santa María, el esqueleto de un pabellón de deportes evidencia la falta de sensibilidad que aún sufre Galicia respecto a la conservación de sus bienes artísticos, que, como en el caso del regidor condenado, se suele justificar alegando desconocimiento respecto a la importancia de los elementos agredidos.

El urbanismo y la construcción son los principales enemigos de la perviviencia de esos bienes, motivando más denuncias que los robos o la venta ilegal de arte. La Administración gallega registra cada semana seis denuncias por atentados contra el patrimonio artístico, aunque son muchos más los casos que no llegan a trascender.

En el último año la Xunta tramitó 324 denuncias por daños en el patrimonio artístico y cultural, 94 de ellas motivadas por desperfectos originados en bienes inventariados y con algún grado de protección; otras 94 en alguna de las cinco rutas del Camino de Santiago; 83 más en yacimientos arqueológicos; 36 en elementos etnográficos como cruceiros, hórreos o espacios de interés, mientras que otras 17 se produjeron por causas diversas, como el robo de piezas, circunstancia esta que solo motivó tres denuncias.

Bienes de interés

Arquitectos especializados en conservación advierten de que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los técnicos, promotores y constructores, y que acaban motivando muchos de los destrozos, es el desconocimiento de posibles bienes de interés en zonas en las que se inician nuevas edificaciones.

Los expertos reclaman por ello la urgente publicación de un catálogo, como los existentes en otras comunidades, en el que se incluya todo el patrimonio arquitectónico y en el que se reflejen incluso elementos del interior de los inmuebles de zonas de interés.

Las escasas oficinas municipales de conservación existentes en Galicia dan cuenta, según sus técnicos, del hallazgo de elementos destacables como escaleras singulares, artesonados, puertas y otros objetos notables que van desapareciendo por desconocimiento de quien otorga licencias de derribo o rehabilitación.

Consultas abiertas

Dicho catálogo es considerado una herramienta vital para el futuro del patrimonio artístico, y aunque la Xunta cuenta con un germen de esa publicación, todavía no está disponible de forma abierta para quien quiera consultarla.

Ayuntamientos y empresas pueden acceder a ella, pero la Administración autonómica reconoce que aún no cuenta con la especificidad y grado de contraste necesarios para mostrarse a todo el público y convertirse en una guía perfecta para proteger el patrimonio.

La dejadez y la especulación son otros de los grandes males que preocupan a los expertos en patrimonio, que apuntan a las escasas herramientas que la Administración local dispone para evitar que los propietarios dejen caer edificios singulares ubicados en espacios de demanda urbanística. Las multas de baja entidad y lo proceloso de los expedientes disciplinarios acaban por no frenar las agresiones al patrimonio.