«Yo cometí un error, pero me están arruinando la vida: me piden una multa de 500.000 euros»
GALICIA
A comienzos del mes pasado ocupó un lugar central de la actualidad el derribo de una casa de madera en primera línea de playa en la costa de Sanxenxo. Una construcción ilegal, tal y como reconoce su dueña, María José Barreiro. La afectada por la demolición responde perfectamente al perfil de infractor en Galicia: el propietario de una parcela que, al ver el entorno plagado de irregularidades y desmanes, decide edificar a su antojo creyendo que la Justicia no irá contra todos. «Mi vivienda era ilegal, pero igual que otras quince que existen por la misma zona: la ley debería ser igual para todos», recuerda María José.
Graves consecuencias
La propietaria, residente en Pontevedra, relata que desde entonces su día a día se ha convertido en un calvario. «Yo cometí un error, sí, pero a mí me están arruinando la vida», denuncia. Y agrega: «Me tiraron todo, me están bloqueando las cuentas en el banco, me piden una multa de 500.000 euros y ante la imposibilidad de pagar me quieren embargar mi vivienda habitual en Pontevedra. ¿Qué clase de exceso es este? Aún puedo recurrir a otras instancias y, sin embargo, miren todo lo que me están haciendo».
María José recuerda indignada que le querían obligar a pagar 36.000 euros para derribar su propia casa. «Parece que la clase política quiere matar a los ciudadanos. ¿Alguien nos puede explicar qué relación guarda una construcción ilegal de madera con una multa de 500.000 euros? Eso no se corresponde con el valor real del inmueble», denuncia la afectada.
María José lamenta que ella y su marido hayan llegado a las puertas de la jubilación con estas perspectivas. «Yo lo único que espero es encontrar un juez con algo de corazón; hay muchas órdenes de derribo, pero a los grandes nunca los tocan: yo solo espero que a partir de ahora se ejecuten todas para que la ley se aplique a todos los ciudadanos sin distinción».
La Xunta denunció de oficio la vivienda de María José Barreiro en febrero del 2006, tal y como ha explicado el departamento que lidera Agustín Hernández. El pasado mes de febrero el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra dictó una sentencia autorizando el derribo. En mayo se comprobó el estado de la vivienda y sus dimensiones, y posteriormente se fijó fecha para la demolición. La Xunta recuerda que la dueña tuvo desde febrero hasta noviembre tiempo más que suficiente para asumir el derribo de la casa, algo a lo que se opuso María José hasta última hora. La vivienda ilegal estaba situada en un enclave paisajístico envidiable, a pocos metros de tres playas de bandera azul (Pragueira, Major y la nudista Bascuas), con vistas a Ons y no lejos de A Lanzada.
Otro caso en Redondela
A mediados del pasado mes de junio saltó a la luz pública otro caso en la provincia de Pontevedra. Un vecino de Cesantes (Redondela) se veía obligado a contratar una empresa para demoler su vivienda. A diferencia del caso de Sanxenxo, Juan Carlos Pérez Míguez optó por asumir la demolición. Pero este vecino utiliza un argumento similar al de María José Barreiro. «Yo veía que todo el mundo se hacía su casa y yo me hice la mía en unos terrenos que había heredado de mi familia», recordaba en junio el afectado.
Juan Carlos Pérez Míguez, su mujer -trabajadora de una fábrica- y sus dos hijos llevaban siete años viviendo en la casa demolida. Y ahora se han visto obligados a alquilar otra en la zona. El afectado recuerda que en la construcción derribada invirtió 200.000 euros, los ahorros de toda una vida de trabajo y que ahora se ha quedado sin nada.