La Xunta advierte de que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población
06 dic 2010 . Actualizado a las 13:15 h.La anarquía inmobiliaria que padeció la Galicia interior y costera durante décadas dejó un paisaje cuajado de infracciones urbanísticas; perpetradas por alcaldes, concejales, promotores, constructores y particulares, camparon a sus anchas durante años, con total impunidad. El resultado es un territorio invadido de atropellos constructivos, algunos en espacios protegidos, y una geografía caracterizada por el desorden urbanístico. En los ochenta se transfirieron a Galicia las competencias en esta materia. Y desde entonces hasta el 2007, pese a la multitud de desmanes esparcidos por la comunidad, solo se produjeron nueve demoliciones ejecutadas por la Xunta y todas en suelo rústico, donde tiene competencias. Hasta entonces, el resto de derribos -algunos de gran impacto, como el edificio de la playa de Areoura (Viveiro), en el 2002- corrieron a cargo de la Dirección General de Costas.
Tras décadas en las que ha imperado la anarquía y una sensación generalizada de impunidad, en Galicia han comenzado en los últimos años a coger fuerza las demoliciones de construcciones ilegales. Y no tanto por parte del Ministerio de Medio Ambiente en lo que concierne a la costa -su ámbito de competencia- sino a la Administración gallega. Para comprender ese cambio hay que remontarse a la Lei do Solo del 2002, que establece por vez primera la prohibición de construir viviendas en suelo rústico y que recoge el desarrollo de un instrumento que puso en marcha el bipartito: la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). En el 2008 ejecutó solo siete derribos, al siguiente 32 y en este 2010 se han contabilizado ya 30. Si a esto se suman las demoliciones efectuadas por Costas desde el 2005 -40 entre naves y edificaciones, más 120 derribos de casetas, galpones y servicios de temporada- el resultado es que solo en el último lustro se han eliminado del paisaje gallego 229 edificaciones irregulares en el interior y en la franja costera.
Surge la duda de por qué los derribos empiezan a ejecutarse con regularidad en el 2008, años después de la aprobación de la normativa gallega de suelo. «Esto se explica, en parte, por el procedimiento: una vez que la vía administrativa es firme, los sancionados van al contencioso, con lo que los procesos se alargan hasta 6 años o más; ahora se están demoliendo edificaciones que vienen de procesos sancionadores iniciados en el 2003», explican desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.
La Xunta recuerda que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio en la población. Y precisa que también hay casos de particulares que no acuden al contencioso y ciudadanos que optan por la demolición voluntaria.