El estruendo que hacen los aviones al iniciar el aterrizaje justo encima del campus de Campo Grande ya no inmuta a los universitarios de la capital. Pero tampoco lo hace el autobús que ante el rectorado invita a los jóvenes a decidir el destino de una parte del presupuesto de la Cámara municipal. No entra nadie. «Los universitarios no participan», se lamenta el funcionario que explica el procedimiento para elegir de entre los 281 proyectos finalistas la realización de los que se puedan ejecutar con cinco millones de euros. Simbólico quizás, determinar el uso de una pequeña parte de los 657 millones de euros de los que dispondrá el municipio, pero es que el 60% los absorberá educación, vivienda y cultura.
El animador al voto no encuentra eco ni entre los jóvenes caloiros (novatos) y por eso anima al reportero a votar, aunque sea extranjero. La mayoría de los proyectos tienen que ver con arreglos de calles y parques, pero también hay espacio para las ideas, como crear un mercado para el intercambio de bienes entre particulares, una salida a la crisis, como la que a las puertas de la Facultad de Derecho piensan Joana Carvalho y Ana Esteves, decididas a emigrar a Angola en cuanto acaben cuarto año. «Todo el mundo habla aquí de marcharse, porque de abogado no encuentran trabajo ni los hijos de los ricos», dice la primera, que quizás no sepa que el Estado angoleño ha dejado de pagar el 60% de los proyectos contratados a las constructoras lusas.
«Quizás sea mejor hacer una salida ocupacional, porque la universidad se está poniendo muy cara: 1.000 euros de matrícula, 400 al trimestre en libros, casa, comida... El otro día se desmayó una compañera que luego supimos que se encharcaba de agua para llenar el estómago porque no tenía dinero para más», narra con cara de pánico Ana Esteves.