La trama, con policías nacionales y guardias civiles, entregaba los historiales de aspirantes a trabajos
15 oct 2010 . Actualizado a las 02:41 h.Una investigación interna del Ministerio del Interior en 1999 terminó con la detención en A Coruña de una decena de funcionarios del Cuerpo Superior de Policía y de la Guardia Civil. Se les acusó entonces de sacarse un sobresueldo de 70.000 pesetas (420 euros) al mes vendiendo datos reservados de ciudadanos a empresas de recobro, asesoría o seguridad.
Ahora, once años después de aquello, con varios agentes imputados ya fallecidos, se celebra por fin el juicio. Será la próxima semana en la Audiencia Provincial de A Coruña. El banquillo lo ocuparán dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía y dos guardias civiles. Enfrente tendrán al fiscal, que les imputa un delito de revelación de secretos y otro de cohecho, por lo que pide para ellos una pena de ocho años de prisión, aparte de su inhabilitación. Pero los acusados pueden dormir tranquilos. Saben que el martes, cuando lleguen a la Audiencia, sus abogados conseguirán, con toda seguridad, un acuerdo con la Fiscalía, que tendrá que asumir una reducción considerable de su petición de pena debido al extraordinario retraso judicial. Así que se les deberá aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que es muy probable que el juicio no se llegue a celebrar y los agentes salgan con penas ínfimas.
Fue la Unidad de Régimen Interno de la Dirección General de la Policía la que destapó, en octubre de 1999, una red que cobraba 500 pesetas (3 euros) por cada dato que facilitaba a empresas que, a su vez, elaboraban informes para terceros. Los procesados, que tenían acceso a la base de datos de los cuerpos de seguridad del Estado, ofrecían un servicio a la carta, según el fiscal. Por ejemplo, si una industria necesitaba incorporar a su plantilla a varios trabajadores, los encargados de seguridad de esa empresa pedían a los miembros de la red todo tipo de datos de los aspirantes (antecedentes penales, económicos, de tráfico...). Por el equivalente a 3 euros, los imputados ofrecían toda la información penal de un individuo.
Otras firmas que supuestamente mantenían negocio con los miembros de la red eran financieras, que solicitaban datos de sus clientes para evaluar el riesgo de una operación económica que pudieran llevar a cabo. De hecho, los propietarios de una empresa coruñesa dedicada al recobro y al cobro de impagos llegaron a ser detenidos en el marco de una operación policial dirigida desde Madrid.
Pinchazos telefónicos
Fuentes cercanas a la investigación reconocen que la Unidad de Régimen Interno de la Dirección General de la Policía llegó a esta red cuando estaba investigando otro asunto en las dependencias de la policía coruñesa. Pincharon teléfonos y se toparon con la trama de la venta de datos confidenciales. El fiscal presume que los procesados se aprovechaban de que uno de los mayores atractivos de cara a cualquier empresa que solicite un informe sobre una persona, bien sea porque aspira a contratarla, bien por formar cualquier tipo de negocio, son los antecedentes.