Imputados dos pontevedreses por «legalizar» con papeles falsos atracciones de feria irregulares

Alfredo López Penide
López Penide PONTEVEDRA/LA VOZ.

GALICIA

La Guardia Civil inmovilizó casi trescientos remolques en todo el territorio nacional

27 jun 2010 . Actualizado a las 03:15 h.

Dos gerentes, y a la vez propietarios, de una empresa de Pontevedra ofrecían documentación falsa a fabricantes de atracciones de feria para simular su legalidad y que, de este modo, pudiesen desplazarse de ciudad en ciudad sin mayores problemas. Así lo sostiene la Guardia Civil de Tráfico tras una investigación en la que el Grupo de Informes y Apoyo de Tráfico (GIAT) de Pontevedra ha invertido casi dos años.

El instituto armado no ha dudado en señalar a ambos como los máximos responsables de poner en circulación un total de 297 remolques ilegales, la mayoría de los cuales eran atracciones de feria. Se les imputan los delitos de falsedad documental, contra la propiedad industrial y contra la Hacienda pública.

En el caso de las atracciones, la hipótesis del instituto armado es que la empresa expedía fichas para simular la legalidad de remolques que no fabricó. De este modo, la Guardia Civil, al parecer, ha constatado que los feriantes se dirigían a los pontevedreses para que les facilitaran documentos falsos para unas barracas construidas artesanalmente y «cuyas condiciones técnicas no se adaptaban a las exigidas por el Reglamento General de Vehículos». En otros supuestos, «simplemente, los dueños carecían de su documentación y querían legalizar su situación».

Es por ello que Tráfico explica que la procedencia de algunos de estos tráileres es dudosa.

Otra actividad ilícita con la que se relaciona a los imputados es la de fabricar y expedir «fichas técnicas de remolques para los que, por su dimensión, peso o características, no estaban autorizados» a construir.

Este fue el germen de la investigación del GIAT. Hace aproximadamente dos años empezaron a circular por las carreteras de toda España tráileres de esta empresa con masas superiores a los 750 kilos que tiene autorizados como máximo el fabricante pontevedrés -única homologación para remolques que posee-. Además, se constataron faltas de coincidencia en los datos técnicos de los remolques, algo que, según Tráfico, «supone un grave riesgo para su circulación y para su manipulación como herramienta de trabajo».

Tráfico incidió en que los remolques se diseñaron y, a la postre, se construyeron en base a criterios funcionales o de necesidad, en lugar de seguir criterios científicos avalados por un laboratorio especializado.

Los agentes registraron las instalaciones de la empresa, «donde se intervino numeroso material y documentación».

Los colaboradores

En la operación fueron imputadas otras 55 personas en distintas provincias como supuestos colaboradores de los pontevedreses, pero además se les vinculó con un delito contra la seguridad vial por conducir vehículos a motor arrastrando un remolque que incumple las condiciones técnicas.