Es el primer inmueble que el Concello logra demoler para restablecer la legalidad urbanística en un área de costa
29 abr 2010 . Actualizado a las 20:28 h.El edificio Boavista de Sanxenxo ya enseña parte de sus entrañas. Esta mole de siete plantas levantada con una licencia de 1984 para dos casas pareadas se ha convertido en el símbolo de la lucha por restablecer la legalidad urbanística emprendida por el gobierno de este turístico municipio gallego.
Tras su controvertido desalojo el día anterior -con la detención de su dueño, ya en libertad-, ayer entró la maquinaria para ejecutar el aleccionador derribo, que se inició con las labores de demolición de la techumbre. Los obreros que ejecutan la orden judicial trabajan en dos turnos (de 8 a 15 horas y de 15 a 22) para completarla en el plazo de un mes. Tarea no les falta. Tienen por delante derribar los 1.079 metros cuadrados ilegales de los 1.713 de superficie global de esta controvertida construcción a escasos metros de la playa de Baltar, en un emplazamiento de alto valor paisajístico.
A lo largo de la jornada, los trabajadores cargaron carretas llenas de escombros procedentes de la planta bajo cubierta. Los cascotes eran transportados en una grúa hasta ser depositados en otros contendedores de mayor tamaño.
La empresa adjudicataria de la demolición, Saraiba Obras S.???L., pasará al Ayuntamiento una factura de más de 140.000 euros. Posteriormente, el Concello pretende que sean los dueños del Boavista los que asuman el coste de los trabajos.
El derribo iniciado ayer culmina un pleito judicial que se remonta a 1994. Fue entonces cuando el gobierno local interpuso la primera denuncia relativa al exceso de edificabilidad de esta construcción.
El litigio no está del todo concluido. El abogado de los dueños del Boavista, Carlos Corredoira, se personará hoy en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para pedir la suspensión cautelar de la demolición.
Según detalló, no pretende evitar el derribo parcial del inmueble, pero sí busca que el Concello se ciña al estudio de viabilidad de reforma del edificio Boavista, acordado el 10 de agosto del 2005 por el entonces alcalde, Telmo Martín; la gerente de urbanismo, Encarnación Rivas, y el propietario, Pedro Prieto. Este plan, que nunca se llegó a realizar, suponía legalizar el inmueble con 12 viviendas y fue redactado por el arquitecto Manuel Antonio Silvares Fontenla.
Los dueños aseguran que no se oponen a la demolición de las tres últimas plantas (bajo cubierta, cuarta, tercera), pero reclaman salvar la planta baja, entreplanta, primera y segunda. Temen que la obra de demolición les deje el inmueble sin tejado, puesto que tras el derribo parcial deberán legalizar de igual forma la casa.
«El edificio seguirá siendo el Boavista, y mis padres seguirán alquilándolo. Hay permiso para disponer allí de doce viviendas», insistió el hijo.
Denuncias por allanamiento
Los dueños del Boavista, así como varios de los inquilinos, interpusieron el mismo martes denuncias por allanamiento ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Cambados. El abogado de Pedro Prieto expone en la denuncia de su cliente: «Estaba en cama cuando oyó golpes en su vivienda y entraron en su habitación varios policías [...] Uno estuvo hora y media, y después llegaron unos ocho más. Lo vistieron por la fuerza porque le dijeron que no lo podían sacar desnudo».