El ministerio público ha comenzado a reclamar indemnizaciones por captación abusiva de agua
25 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El vaciado de la presa de Fervenza, que causó la muerte de al menos 15.000 peces en el 2007, ha abierto una veta judicial que acaba de comenzar a explorarse, pero que ya ha tenido una secuela: la denuncia de la Fiscalía contra Endesa por el tramo seco de tres kilómetros y medio en el río Eume. La construcción de estos dos casos tiene prácticamente los mismos cimientos jurídicos, que podrán utilizarse en otros supuestos donde haya indicios de lo que los ecologistas califican como «expolio» de los recursos fluviales gallegos.
La Fiscalía de Medio Ambiente ya ha dado suficientes muestras de estar dispuesta a poner coto a una situación que se remonta a las concesiones hidráulicas del franquismo, pero que las Administraciones central y autonómica de la democracia no han sido capaces de controlar. Y según confirman fuentes jurídicas, esta nueva ruta continuará con nuevas investigaciones.
La principal innovación consiste en llevar estos casos por el itinerario penal e instruirlos bajo el paraguas del artículo 325 del Código Penal, dedicado a los delitos contra los recursos naturales, en el que se ha encontrado un resquicio legal para poder actuar contra empresas que incurran en lo que se denomina la captación abusiva de agua en concesiones públicas.
Pedro Brufao, presidente de AEMS-Ríos con Vida y catedrático de Derecho Administrativo, confía en que esta estrategia emprendida por el Ministerio Fiscal termine convirtiéndose en un precedente legal, aunque para ello precise de dos sentencias del Supremo. «El papel de la Fiscalía gallega está siendo pionero en toda España y creo que estos casos son un aviso a navegantes», constata.
Indemnizaciones
La otra vertiente de interés es la indemnizatoria. El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, ha encontrado una curiosa vía para que las compañías compensen al erario público por utilizar de forma irregular los recursos hídricos.
Este sistema consiste en solicitar informes a la Comisión Nacional de la Energía para que se calcule el exceso de electricidad producido por las compañías gracias a la captación abusiva de agua. Esa ganancia eléctrica de más se convertiría en una cantidad monetaria que las empresas deberán devolver a las arcas públicas. Eso, si finalmente los jueces aceptan este modelo de indemnización inédito hasta ahora en España.
Este es el sistema que también se ha aplicado casi punto por punto en el tramo seco del río Eume que va desde la presa hasta la central hidroeléctrica y probablemente sea el que se utilice en otros casos que van llegando a los fiscales especializados en medio ambiente de las cuatro provincias gallegas.
El próximo candidato a que se abran diligencias informativas sería el embalse de Belesar, gestionado por Gas Natural-Fenosa, aunque todavía no hay nada decidido. El colectivo AEMS-Ríos con Vida, que denunció el caso del Eume desencadenando la investigación de la Fiscalía, también ha presentado una denuncia contra la eléctrica que se beneficia de la concesión de esta presa en el Miño.
Denuncia
Como en el Eume, esta organización sostiene que Gas Natural-Fenosa «mantiene seco el río Miño en un tramo de 1,7 kilómetros comprendido entre el muro de esta presa y la salida de las turbinas». Argumentan, además, que como consecuencia de la desecación inducida «el hábitat de este río truchero y antaño salmonero se ve gravemente afectado».
Tanto la presa del Eume como la de Belesar fueron construidas por el ingeniero gallego Luciano Yordi de Carricarte y ambas tienen una tipología constructiva similar, conocida como bóveda de doble curvatura, que se adapta mejor a este tipo de valles.