trata de personas Las prostitutas que denuncien a las mafias tendrán papeles y protección

Galicia dará próximamente un paso decisivo en la lucha contra la explotación sexual de mujeres, fundamentalmente extranjeras, que llegan a la comunidad captadas por redes que las convierten en esclavas sexuales de clubes de alterne, como los desmantelados recientemente en Lugo. Para ello, la Fiscalía Superior de Galicia agilizará la aplicación de los beneficios de protección recogidos en la ley, entre los que destaca el permiso de residencia, para que estas mujeres denuncien a las mafias que las explotan y para que mantengan su testimonio hasta el fin del proceso penal.

Todo se hará siguiendo un protocolo pionero que la Fiscalía firmará en los próximos días con la Xunta y el Gobierno central por el cual las prostitutas que colaboren con la Justicia no serán expulsadas del país durante el mes siguiente al de su identificación como víctima y les será concedido el permiso de residencia, se protegerá su identidad e incluso tendrán la posibilidad de ser indemnizadas como víctimas de delitos violentos.

Estas mujeres son víctimas de lo que Naciones Unidas identifica como trata de seres humanos, y a la vista de que la lucha contra esas mafias se topaba en ocasiones con una grave falta de coordinación, la Fiscalía Superior de Galicia ha impulsado un protocolo de actuación para la prevención y la investigación de la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Desde su identificación, bien por voluntad propia o por la intervención policial en un local, estas mujeres serán consideradas víctimas del delito de trata de seres humanos, con lo que tendrán derecho a un período de reflexión de al menos un mes para valorar «con serenidad y seguridad» si colaboran con las autoridades para investigar el delito. Tendrán derecho a tener alojamiento y alimentación para ellas y para sus hijos menores de edad, e igualmente contarán con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita y prestarán testimonio en condiciones especiales de protección frente a cualquier posibilidad de represalia.

El protocolo impulsado por la Fiscalía gallega pretende acabar con los problemas de coordinación que hacían que la mayor parte de las causas contra redes de explotación sexual fuesen archivadas antes de llegar a juicio o que terminasen con una sentencia absolutoria por la ausencia de los testigos o porque cambiaban su declaración por miedo, amenazas o por su situación de desprotección y desamparo. Uno de los principales problemas era el de la expulsión inmediata de las prostitutas en una aplicación preferente de la ley de extranjería, con lo que se perdían los testimonios cruciales para la culminación del proceso penal contra las redes de explotación.

Pero también se detectó una escasa coordinación entre jueces, fiscales y policías a la hora de aplicar perfiles de identificación de las víctimas y de concesión de los derechos de protección que recoge la ley, con lo que se perdía la posibilidad de contrastar datos de máxima importancia para la investigación.