Creen que el informe de Función Pública ratifica sus denuncias sobre el proceso
Los sindicatos aplaudieron ayer el informe elaborado por Función Pública en el que se declara contraria a derecho la oposición que el vicepresidente Anxo Quintana convocó antes de las pasadas elecciones autonómicas y con las que se pretendía consolidar a 336 empleados del Consorcio de Igualdade e Benestar. Las organizaciones demandaron ayer una nuevas bases para el proceso selectivo en las que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad. Manuel Díaz, representante de la CIG Administración autonómica, advirtió ayer de que el informe de Función Pública «confirma as denuncias que nos xa fixéramos e nas que sostiñamos que o proceso conculcaba a normativa básica de acceso á Xunta».
Representantes de la CIG en la Administración autonómica, en contra de la línea oficial defendida por el sindicato nacionalista -que apoya el concurso de Quintana y demanda un convenio colectivo-, entienden que hacen falta unas nuevas bases ya que muchos ciudadanos no se presentaron «porque sabían que a oposición era un amaño para consolidar á xente que estaba dentro». «As probas eran un paripé para que quedaran traballando os amigos», denuncia Manuel Díaz. Y agrega: «Tamén haberá que modificar os tribunais xa que era todo persoal de confianza de Lois Castrillo e Anxo Quintana». Emilio Doforno, de Comisiones Obreras -otro de los sindicatos que denunció las oposiciones-, advierte de que su organización siempre ha defendido un proceso más limpio, en el que se respetasen derechos fundamentales consagrados en la Constitución, «algo que semella que se incumpriu, tal e como denuncia Función Pública, e como fixemos nós moito antes, pese ás críticas dos sectores oficiais da CIG». Comisiones Obreras demanda la convocatoria de una nueva oposición y expresa su deseo de que el proceso no se dilate en exceso por una judicialización.
Xermán Estévez, del Movemento pola Igualdade no Emprego Público, un colectivo creado a raíz de la polémica del plus de altos cargos, advierte de que es necesario un nuevo proceso en el Consorcio, aunque recuerda que si se cambia esa oferta para que se garantice la igualdad de acceso habría que revisar muchos casos. «Hai moitos máis supostos: o Consorcio non é único sitio onde houbo irregularidades».
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