pontevedra Una red estafó 388.000 euros a once firmas aseguradoras con siniestros falsos de coches

Una investigación iniciada hace un año por la Policía Local de Pontevedra y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de esta capital destapó la existencia de una organización a nivel provincial que se dedicó a estafar a once compañías aseguradoras con falsos siniestros de vehículos ya accidentados previamente y ficticiamente reparados y vendidos. Las cantidades timadas ascienden a 388.000 euros, entre las desembolsadas y las que fueron reclamadas y paralizadas a tiempo. En la operación, denominada Poza, están imputadas 27 personas. Los cabecillas son los tres socios de dos empresas ejecutoras de la trama y dedicadas a la compraventa y a la reparación de vehículos. Entre los implicados hay tres colaboradores habituales, otros tres peritos tasadores de siniestros y 19 personas captadas para consumar las estafas.

Según la información ofrecida ayer por el jefe de la Policía Local de Pontevedra, Daniel Macenlle, y por el jefe de grupo que llevó la investigación, José Manuel González Abal, se intervinieron 19 vehículos de gama alta y media alta, objeto de las estafas. Nueve de esos coches aún están a disposición judicial en el depósito de la grúa municipal de Pontevedra, por tener elementos falsificados y piezas procedentes de otros sustraídos y por ser instrumentos probatorios del delito.

El modus operandi parte de las dos empresas radicadas en la ciudad del Lérez, una dedicada a la compraventa de vehículos, reparaciones mecánicas y de chapa y pintura, y otra creada posteriormente para la compraventa de coches siniestrados. Esta segunda firma se constituyó tras las inundaciones del 2006, cuando las riadas dejaron numerosos coches dañados en garajes de edificios, y es la que hizo todas las transferencias de compra y venta. La primera empresa operaba a través de la segunda, que utiliza sus instalaciones para preparar los vehículos con objeto de simular segundos falsos accidentes.

Los titulares de los coches inicialmente dañados por las inundaciones o por otras causas daban parte al seguro, cobraban la indemnización y vendían los restos, actividad totalmente legal que nada tiene que ver con la estafa. Pero esos vehículos eran adquiridos luego por las dos empresas de la organización para distintos usos. Unos eran reparados, vendidos y puestos en circulación; otros eran vendidos sin más a chatarrerías, y un tercer grupo, de coches irreparables, eran ficticiamente arreglados.

Después de esa falsa reparación, se fingía un contrato de compraventa también ficticio con una tercera persona, como si estuvieran realmente en condiciones de circular. Y una vez realizada esta operación se aseguraba el coche para posteriormente simular un siniestro y reclamarle a la compañía la indemnización correspondiente. Los tipos de siniestros que se fingían eran incendios, robos y accidentes de tráfico graves.

Para la obtención de toda la información resultó decisiva la incautación de la documentación relativa a las transferencias, que se realizaban en una determinada gestoría de Pontevedra y que tampoco tiene nada que ver con las actividades ilícitas de los imputados. Igualmente fue primordial la documentación requisada en las oficinas y nave taller de la primera de las empresas.

Colaboración de otras policías

A raíz de esto, las compañías aseguradoras están tratando de ampliar la información entre ellas mediante la creación de una base de datos compartidos que permita conocer los siniestros graves de vehículos ya indemnizados con anterioridad por otra firma y así poder detectar en su inicio este tipo de fraudes. En la investigación colaboraron con la Policía Local los cuerpos municipales de Gondomar, Vilagarcía, A Estrada, Madrid y Marín, de donde son parte de los imputados, así como algunas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. Además, esta operación posibilitó que se abriesen investigaciones por hechos similares en otras partes del territorio nacional.