acusación Acusan de acoso laboral al ex presidente y a la directora de operaciones de Portos

El próximo día 20, en el Juzgado de lo Social número 2 de Santiago, está previsto que se celebre la vista oral de la demanda interpuesta por la anterior jefa de recursos humanos del ente Portos de Galicia, María Reyes R.?S., contra Jacinto Parga, ya ex presidente de la citada empresa de titularidad autonómica y dirigente de la Agrupación Socialista Coruñesa, y contra la que era la directora de operaciones bajo su mandato, Charo Valledor Puente, a los que se acusa de acoso laboral.

Parga eludió ayer hacer ningún tipo de valoración, aunque admitió que la demanda era «inesperada», por cuanto se presentó una vez que ya había cesado en sus funciones como presidente de Portos de Galicia. «Siempre hemos sido exquisitos con todos los procedimientos y entiendo que la primicia de nuestras argumentaciones la debe tener el juez. Una vez que se pronuncie él, haremos todas las valoraciones que sean precisas», indicó.

La denuncia recoge las acusaciones de la demandante, que indicó que fue apartada de sus funciones por Valledor Puente y que sufrió constantes intentos de boicoteo de su actividad profesional.

Reyes asegura que Parga le comunicó en junio del 2007 «que iba a introducir a una persona experta en negociación con plenos poderes directivos» y que fue relegada a labores de gestión de personal. Ese fichaje fue el de Charo Valledor, que era la secretaria para la Administración del sindicato UGT. De ella dice Reyes en el escrito de acusación: «Me relegó de mis funciones con decisiones que repercutían en mi trabajo y dignidad profesional al suponer la degradación como trabajadora».

«La directora de operaciones dejó de despachar conmigo para hacerlo directamente con las administrativas mientras hacía mofa y chascarrillo de mi situación», recuerda la denunciante, que añade que «todos los días había algo que entorpecía el desarrollo normal» de su actividad laboral.

Tras una reunión con Jacinto Parga para denunciar el caso, Reyes recibió la notificación de su cese como jefa de recursos humanos con fecha del 1 de abril del 2008 y su adscripción a la dirección de Portos de Galicia como técnico jurídico licenciado. «A partir de ese momento, se me mantuvo con una total y absoluta falta de ocupación efectiva y aislamiento del resto de compañeros con un claro perjuicio profesional porque la tarea asignada no figura en el catálogo de puestos de trabajo».

Todo ello se completó con la pérdida de la retribución correspondiente a su anterior categoría y con el intento de acondicionar «un cuarto de archivo que los técnicos de prevención de riesgos laborales habían calificado como no apto para ser utilizado como despacho». La demandante solicita por ello una compensación económica por importe de 116.250 euros y la reposición en su anterior puesto.