A finales del mes de enero, la Consellería de Educación publicaba una nueva orden para conceder conciertos a los centros privados de la que se desprendía que aquellos que escolarizan a niños y niñas por separado no tendrían subvenciones el próximo curso.
Algunos se lo tomaron como una declaración de intenciones con pocas opciones de hacerse real, pero la Xunta reiteró una y otra vez que los centros que establecen la llamada educación diferenciada no tendrían fondos públicos. Ayer mismo, los cinco colegios privados que aplican este sistema en Galicia (tres en Vigo y dos en A Coruña) recibieron la resolución provisional de su solicitud de concierto, con la denegación.
Se trata de una resolución provisional, para la que se abre ahora un plazo de diez días para presentar alegaciones. Es ahí donde surge la incógnita de qué hará el nuevo departamento educativo, al frente del cual se sitúa Jesús Vázquez. Se confirme esta resolución o se admitan las alegaciones de los privados y por lo tanto se concedan las subvenciones, lo cierto es que al nuevo conselleiro le toca lidiar desde su primera semana de mandato con un tema polémico. También queda claro que la intención de la anterior conselleira de suprimir los conciertos era firme.
Por el momento, las previsiones de una y otra parte son diferentes. El director del colegio Montecastelo, de Vigo, Joaquín Pereira, confía totalmente en que se acepten las alegaciones, «porque nos parece una resolución totalmente injusta». Las patronales de los colegios privados acaban de solicitar una entrevista con Jesús Vázquez, y este será sin duda uno de los temas estrella a tratar en el encuentro.
No lo tienen tan claro sindicatos como el STEG, que confían en que la nueva consellería mantenga la retirada de los conciertos. La organización sindical recuerda que la norma que ya publicó la Xunta recoge claramente que no puede haber ningún tipo de discriminación en la admisión del alumnado por cuestión de sexo, «tal e como aparece na Lei Orgánica de Educación no seu artigo 84.3».
El STEG añade que esta medida evitará el desvío de dinero público (más de tres millones de euros), «para estos colexios contrarios ao espírito da coeducación».
Comisiones Obreras también se manifestó ante esta iniciativa, que calificó de positiva. El sindicato indica que la comunicación fue enviada el día 17, aunque no la recibieron hasta ayer. CC.?OO. advierte de que este avance no puede tener marcha atrás y anunció que se opondrá a cualquier propuesta o medida que vaya en dirección contraria a esta medida.
De hecho, los representantes de los trabajadores recuerdan que con esta norma no se niega la existencia de este tipo de centros de enseñanza, sino su mantenimiento con fondos públicos.
Al Tribunal Superior
En el momento en el que se publicó la norma de conciertos, las patronales privadas y las APA de estos centros tuvieron claro ya que recurrirían la orden. Cece Galicia y Educación y Gestión interpusieron ante el Tribunal Superior de Xustiza sendos recursos de impugnación, considerando que hay algunos artículos que no son conformes a derecho, ya que acabarían con la libertad de elección de centro.
También mantienen las patronales que la norma cuestiona la renovación de los conciertos, algo que fue sancionado por el Tribunal Supremo, ya que es preceptiva para la Administración siempre que los centros sigan cumpliendo los requisitos que se pedían cuando se les concedieron los fondos.
Galicia se suma así a la reciente decisión de la Consejería de Educación de Cantabria, que revocó el concierto a un centro del grupo Fomento -al que también pertenecen los gallegos-, vinculado al Opus.