Tres miembros de la nueva junta directiva del Banco de Alimentos de A Coruña acudieron ayer al mediodía a la sede para tomar posesión de sus cargos y terminaron encerrados durante tres horas en el local que esta institución benéfica tiene en el barrio coruñés de la Sagrada Familia. Quedaron retenidos bajo llave de dos a cinco de la tarde porque, según denunciaron, el anterior presidente de la oenegé salió de las instalaciones tras mantener una discusión con ellos y echó el cerrojo. «Luego se negó a entregar las llaves, pese a las reclamaciones policiales, por lo que tuvimos que llamar a un cerrajero para que nos liberase», recordó ayer el recién elegido presidente, Rafael San José. El incidente no quedó ahí. Según consta en la denuncia presentada por los afectados, «uno de los que acompañaba al ex presidente se puso a desconectar los ordenadores, las conexiones a la Red y a dar golpes en los armarios». Los problemas vienen de lejos. Al parecer, un grupo de socios y voluntarios de esta institución, que atiende a 38.000 familias necesitadas en la provincia de A Coruña, exigió hace un año al anterior presidente, Fernando Simón Navarro, que convocase elecciones, pues su mandato había concluido en febrero del 2008. Los solicitantes querían «democratizar» la institución y por ello emprendieron las acciones oportunas. Primero, reunieron las suficientes firmas de socios para convocar las elecciones. Luego, le solicitaron a la directiva anterior el libro oficial de actas y las memorias de los años anteriores. Finalmente, esa asamblea extraordinaria se celebró el pasado 5 de marzo sin la asistencia de los miembros de la directiva. La victoria de los aspirantes fue rotunda. El cien por cien de los 89 socios representados -la institución tiene un total de 185- votaron a favor de la nueva candidatura, presidida por Rafael San José y con María del Carmen Rioboo y María Luisa Gesto como vicepresidentas. Acta oficial No ocuparon sus cargos hasta ayer, cuando la Consellería de Presidencia les entregó el acta oficial en la que se les reconoce como directivos de la institución benéfica. Fue acudir a la sede de la calle Cardenal Cisneros a tomar posesión y ocurrir el enfrentamiento. De hecho, en esos momentos el anterior presidente preparaba una asamblea en la que en el último punto se acordaba la expulsión de algunos socios. A pesar de todo, el nuevo presidente quiere una transición tranquila. Evita la confrontación. Advierte que la decisión del grupo de socios que apoyó su candidatura nada tiene que ver con problemas económicos o de grave entidad, pues dice que está «seguro de que en ese aspecto la honradez de los anteriores miembros está más que probada». Lo que sí les achaca es «falta de organización», utilizar «métodos dictatoriales» y llevar a cabo «una pésima gestión». Como primera medida, el nuevo presidente anuncia una auditoría y que su trato con los voluntarios será, «a partir de ahora, democrático y eficaz».