Rebajan la petición de multa a dos independentistas acusados de injurias al Rey por estar en el paro
GALICIA
El fiscal Pedro Martínez, que ejerce la acusación en el juicio que se celebró ayer en la Audiencia Nacional contra dos independentistas gallegos acusados de quemar una imagen del rey Juan Carlos en una manifestación en Vigo el 6 de diciembre del 2007, rebajó la petición de multa a la mitad al tener en cuenta que los imputados están en el paro.
El fiscal había solicitado para Alejandro Bolívar una multa de 5.400 euros, como autor material de los hechos, y para Santiago Méndez otra de 3.600, por cooperador necesario. Pero tras ser demostrado por la defensa que ambos están desempleados, el fiscal solicitó reducir la sanción para «adecuar» a los hechos las circunstancias de los acusados. También modificó la responsabilidad de Méndez, al que ahora considera coautor.
Alejandro Bolívar reconoció ayer que él fue, en solitario, el que elaboró, transportó y quemó la imagen del Rey, y que algunos compañeros solo le habían ayudado en algún momento a transportar el carrito en el que la llevaba tapada con un cartón, por lo que nadie más sabía lo que había en su interior.
Este acusado se definió como «independentista gallego y republicano», y aseguró que realizó la quema «como una acción política en la que criticaba al Estado español», amparado en su libertad de expresión. Y añadió que no le movía ningún odio personal contra el monarca: «Si se hubiera llamado José Luis hubiera hecho lo mismo. Actué contra la monarquía, no contra una persona en concreto».
Por su parte, Santiago Méndez negó cualquier implicación en la quema, aunque admitió que transportó el carrito, pero sin conocer su contenido. «Alejandro me dijo que era una sorpresa, aunque yo intuí algo», alegó. Y añadió que acudió a la manifestación con sus tres hijas, de 6, 3 y 1 año, y que recogió el carrito al final «para que no se quedara allí».
El fiscal hizo hincapié en que existen «indicios» sobre la participación de ambos en los hechos, mientras que el abogado defensor, Guillermo Presa, puso de manifiesto que sus clientes actuaron bajo la protección de la libertad ideológica y de expresión, «sin las cuales no sería posible el Estado de derecho».