Cada uno de los 315 alcaldes de Galicia, así como los cuatro presidentes de las diputaciones, recibirán en breve una comunicación de la Xunta en la que se les emplaza a utilizar «de xeito sistemático» la lengua gallega en el ejercicio de sus funciones, tanto en los actos orales como en los escritos. Eso es al menos lo que ayer pactaron en el Parlamento las fuerzas que sustentan al bipartito, recogiendo -dicen- el mandato del Plan de Normalización Lingüística, aprobado por consenso hace cuatro años. El PP, no obstante, se desmarcó de la propuesta por entender que contenía una «tonalidade imperativa».
El coordinador parlamentario del BNG, Bieito Lobeira, fue el artífice de la iniciativa que se debatió en la Comisión Institucional. En su intervención aludió a la base legal que ampara la utilización del gallego en la Administración Local, poniendo en evidencia la «aplicación desigual» que tienen estas normas. «Non vou dar nomes para non ferir susceptibilidades», dijo Lobeira sobre los incumplimientos, antes de reclamar que se trasladara formalmente a los alcaldes una petición «para que materialicen na práctica» lo que dicta el plan de normalización.
Sin injerencias
La socialista ferrolana Beatriz Sestayo le dio una calurosa acogida a la proposición -gesto que el propio Lobeira calificó como «moi enriquecedor»- pues razonó que el uso normalizado del gallego es «o mellor dos instrumentos que podemos utilizar» para la defensa del idioma. De igual modo, convino con los nacionalistas que trasladarle este acuerdo a los concello no supone «ningunha inxerencia» en la autonomía local.
Diferente fue la postura del grupo de la oposición, que volvió a dejar constancia de la brecha lingüística que lo separa de los socios de la Xunta desde que durante el verano del 2007 se rompiera el consenso político con motivo del decreto que regula el uso del gallego en las aulas. De hecho, el diputado ourensano Maximino Rodríguez admitió que el 8 de mayo del 2007, solo dos meses antes de la ruptura lingüística, las fuerzas políticas de la Cámara aprobaron por unanimidad un acuerdo con 16 puntos en el que, entre otras cosas, se emplazaba a los regidores y presidentes de las diputaciones a hablar gallego «de xeito sistemático» en sus actos públicos. Esta vez, en cambio, el propio Rodríguez se encargó de calificar la propuesta del Bloque de «delatora», debido a la utilización de un tono «un tanto agresivo» por parte de Bieito Lobeira cuando este dio a entender que algunos alcaldes obvian el gallego de una forma consciente.
Los alcaldes «saben discernir»
El diputado del PP insistió en que la iniciativa contenía una «tonalidade imperativa» y mostró su convicción de que los alcaldes «saben discernir claramente» cuando hablar en gallego y cuando en castellano.
El desmarque de los populares fue recibido incluso con cierto barullo en sus propias filas, pues desde la mesa de la comisión el diputado vilalbés Agustín Baamonde votó por error en contra de la iniciativa, mientras su compañero se inclinaba por la abstención.
Bieito Lobeira, por su parte, recibió el desmarque de la oposición con abierta irritación, resaltando el «clarísimo retroceso» que en su opinión se ha producido en el PP en materia de normalización del gallego. Es más, incluso se lanzó a ponerle rostro a los enemigos del gallego en la Administración Local, dejando entrever que el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, era uno de ellos por esgrimir un escudo con el topónimo Puente Caldelas, en vez de Ponte Caldelas, al igual que «outros diputados desta Cámara», dijo, que defienden un topónimo ilegal, en alusión al líder del PP coruñés, Carlos Negreira.