En marzo del año pasado dijeron que olía «a podrido» y que había que empezar de nuevo. Ayer, los socialistas de Gondomar, con el apoyo del PP y de un edil independiente, cambiaron de opinión e impusieron al gobierno en minoría del BNG retomar el que ya se conoce en el municipio como «el plan general de la corrupción».
El documento que motivó la detención de dos concejales del anterior gobierno y de un arquitecto vigués vuelve a estar sobre la mesa para su estudio y posible aprobación con los votos de quienes lo retiraron cuando se destapó el escándalo. Los autores de la propuesta reconocen ahora que lo anularon por «criterios de oportunidad política, por la proximidad de las elecciones municipales».
Esta decisión llega en un momento en el que el gobierno municipal del BNG ya ha convocado un concurso público para la redacción de un planeamiento nuevo y libre de cualquier sospecha. Para los nacionalistas, esa era la única salida posible para normalizar la situación en un municipio que no tiene PXOM porque el último vigente, aprobado en 1997, fue anulado definitivamente por el Tribunal Supremo hace tres años.
Dos empresas se habían presentado a la oferta pública, y la mesa de contratación tenía previsto adjudicar la redacción el mes que viene, con el fin de tener un avance en un año.
El acuerdo obliga a los responsables municipales a cambiar el rumbo y a seguir el calendario impuesto por la oposición. Ahora, todos los grupos políticos se darán un plazo de dos meses para volver a estudiar el polémico Plan Xeral del año 2006 y proponer todas las modificaciones que crean oportunas para limpiarlo de cualquier indicio de corrupción.
Después, tendrán que convocar un nuevo concurso público para contratar a la empresa consultora que lleve a cabo dichas modificaciones en un plazo de ocho meses. En poco más de un año esperan reiniciar la concesión de licencias.
Solución rápida
El portavoz socialista de Gondomar, Alfonso de Lis Fiuza, justificó esta solución porque consideran que es la vía más rápida para que el ayuntamiento pueda volver a otorgar licencias de obra. De hecho, el acuerdo satisface a la plataforma de propietarios afectados por la paralización urbanística.
Un centenar de familias llevan más de tres años de espera para poder construir sus viviendas en este municipio. La concesión de licencias se suspendió mientras tramitaban sus solicitudes. Ahora, la mayoría tiene que vivir de alquiler o en casas de familiares mientras no se vuelva a normalizar la situación y no pueden seguir esperando más tiempo. El portavoz del gobierno, Pauliño del Río, opinó en cambio que aprobar el plan bajo sospecha de corrupción urbanística llevará el mismo tiempo que redactar el nuevo. Consideró además que es inviable reformarlo, puesto que el ayuntamiento carece de presupuesto para ello y sí una subvención de la Xunta para volver a iniciar todos los trámites.