Gondomar es ahora un ayuntamiento sin un instrumento legal para conceder licencias urbanísticas. Una sentencia del año 2001 tumbó el Plan Xeral que fue aprobado en 1997 y, desde entonces, el anterior gobierno municipal ha perdido todos los recursos presentados contra esta resolución.
El último varapalo judicial se conoció ayer. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de este mes anula un acuerdo plenario de los anteriores regidores locales del PP al que se aferraron para seguir concediendo permisos de obra. Pensaron que modificando los aspectos que estaban mal del plan, podrían resucitarlo. Entre otras medidas, concedieron alrededor de 300 permisos de construcción que ahora se encuentran en una situación de inseguridad jurídica.
El pleno se celebró en mayo del 2005 y quienes defendieron la propuesta fueron el entonces concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el portavoz del gobierno, José Luis Mosquera, que el año pasado fueron detenidos por el supuesto cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos.
Pero el TSXG ha dado la razón a la Xunta, que fue la que planteó el recurso, y ha admitido que es inaceptable que el pleno municipal «reponga» un plan de urbanismo que ya ha desaparecido del mundo jurídico. El Tribunal Supremo también desestimó hace un mes el último recurso presentado durante el anterior mandato para intentar salvar el plan.
La desaparición del texto ha creado una gran preocupación social en Gondomar. El entonces alcalde, Carlos Silva Mariño, amparado en informes jurídicos externos, continuó concediendo licencias y ahora se enfrenta a un presunto delito de prevaricación tras una denuncia de la Fiscalía.
Pleno
El gobierno actual del BNG se ha acogido a la disposición adicional segunda de la Ley del Suelo, que dice que los ayuntamientos sin planeamiento podrán dar licencias en núcleos rurales con la aprobación de expedientes de delimitación de suelo.
Los primeros de ellos serán debatidos en un pleno que la corporación celebrará esta tarde en el auditorio municipal ante centenares de vecinos. Será una prueba de fuego para el grupo nacionalista, puesto que gobiernan en minoría en el Concello con cinco concejales, lo que complica la búsqueda de una solución.