En un auto, señala que las inspecciones defectuosas pueden ser constitutivas de «negligencia»
25 mar 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El caso Prestige ha dado otro giro inesperado más de cinco años después de que se iniciaran las diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión. La jueza encargada del caso, Carmen Veiras Suárez, ha dictado un auto con el que admite a trámite la querella presentada por Nunca Máis contra la sociedad de clasificación estadounidense ABS, al entender que las inspecciones técnicas realizadas en el petrolero podrían ser constitutivas de negligencia y, por tanto, evaluables penalmente por la Justicia al estar relacionadas con el delito ecológico que se produjo frente a las costas gallegas en noviembre del 2002.
La jueza es consciente en su auto de la dificultad de imputar a personas jurídicas -empresas y sociedades- en el sistema jurídico español, por lo que asume la petición de los abogados de Nunca Máis que presentaron la querella y llama a declarar como imputado al representante legal de ABS, sin especificar si se trata del representante en España, como solicitaban los abogados de la plataforma ciudadana. No obstante, demora incomprensiblemente la declaración hasta el próximo 10 de septiembre.
La apertura de diligencias penales contra la sociedad de clasificación se produce en paralelo al pleito civil que el Estado español desarrolla en EE.?UU. y que está pendiente de un recurso contra la inhibición del tribunal en el caso. Sin embargo, la jueza considera pertinente la querella, al recordar que ABS «fue la encargada de llevar a cabo las inspecciones periódicas obligatorias del buque Prestige desde su construcción en 1976 hasta la fecha del siniestro». «Consta también -añade la jueza en el auto- la realización en el año 2001 de importantes reformas estructurales en el buque que pudieran haber mermado su seguridad y su resistencia y, no obstante, ABS autorizó la navegación del buque».
Reparaciones en China
La jueza se refiere a las reparaciones realizadas en mayo del 2001 en el astillero chino de Guangzhou, en las que la clasificadora habría tolerado que se reemplazara acero dañado con materiales de menor espesor que los originales precisamente en la zona de estribor donde se produjo la avería inicial. «Ello -concluye la jueza- podría ser constitutivo de una negligencia que pudiera estar relacionada con el siniestro que originó las diligencias penales por delito ecológico previsto en los artículos 325 y siguientes del Código Penal».
La jueza acepta casi todas las prácticas de pruebas solicitadas por Nunca Máis: requiere a ABS las actas de las inspecciones realizadas en China en el 2001 y en Dubái en el 2002, al tiempo que reclama a la multinacional estadounidense que comunique la identidad de los inspectores que llevaron a cabo las revisiones, por si es necesario tomarles declaración. La clasificadora también debe aportar «el organigrama y la estructura de la sociedad, órganos de representación y dirección».
De nuevo una iniciativa legal de la acusación popular de Nunca Máis condiciona la evolución de la instrucción judicial, después de que en enero del 2003 se aceptara otra querella presentada contra los altos cargos de la Administración española que gestionaron la crisis. Desde entonces, el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, permanece imputado en la causa.
El último intento de encausar penalmente a una firma implicada en el accidente se fraguó en un auto de abril del 2005 en el que se imputaba a la armadora del buque, Universe Maritime, y se ordenaba el embargo de todos sus bienes, una acción que finalmente no fue ejecutada por la Justicia griega.