El Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña considera ilegal la obra de 52 viviendas de una promoción construida por el grupo inmobiliario Lábaro en Fisterra. El fallo judicial no responsabiliza a la promotora sino al Ayuntamiento, por considerar que la licencia dada el 28 de octubre del 2004 para la construcción de dos edificios frente a la playa de A Langosteira es nula de pleno derecho.
La sentencia responde a un recurso presentado por la Xunta después de que el Concello no acatase el requerimiento de revisión de varias licencias -que afectan a cerca 400 viviendas- que la Dirección Xeral de Urbanismo consideraba ilegales, por no cumplir las parcelas los requisitos necesarios para poder urbanizar. El Ayuntamiento fisterrán no acató el requerimiento y el Gobierno gallego presentó cerca de una decena de recursos, uno por cada promoción que consideraba ilegal. En total, 400 viviendas.
Un primer fallo judicial permitió a la mayor parte de los promotores seguir con las obras mientras no hubiese sentencia firme. Casi todos los proyectos inmobiliarios cuya legalidad se dirime en los tribunales están ya finalizados y muchas viviendas, como las del grupo Lábaro, vendidas y habitadas.
La sentencia considera que, «en la fecha de concesión de la licencia, la parcela carecía del grado de urbanización necesario como para merecer la consideración de solar, pues si bien en el momento en que giró visita [el arquitecto designado por el Juzgado] a las edificaciones ya se contaba con todos los servicios urbanísticos, no existía en el momento de la concesión de la licencia el saneamiento, como tampoco funcionaba la estación depuradora».
Por todo ello, el juez considera que el área «o bien no tenía la consideración de suelo urbano o (en el caso más favorable), no se presentó proyecto de urbanización, lo que suponía que tuviera que haberse accedido a la pretensión de revisión de oficio». El texto dice también que «se debe sumar la discordancia de ese conjunto edificatorio con el que presenta la zona, de edificios bajos unifamiliares, lo que supone el grave incumplimiento urbanístico advertido». Así, el juez admite el recurso de la Xunta y anula la licencia aprobada por el Ayuntamiento.
El mismo juez
Hace una semana, el mismo juez emitió un fallo similar con respecto a otro edificio, de 88 viviendas y construido por Plaza Gardens, que también está ya finalizado y habitado.
En total, 130 pisos que quedan fuera de la legalidad y que podrían acabar demolidos.
El alcalde muxián aseguró que recurrirá las dos sentencias e insiste en que el Concello cumplió escrupulosamente con las normas subsidiarias en vigor, en las que la zona aparece calificada como suelo urbano.
Los servicios, como el saneamiento, que aún estaban sin acometer cuando se iniciaron las obras -dice el regidor- estaban previstos desde el año 2002, cuando fueron aprobados por la Diputación.