Vigo es el ejemplo más claro de edificaciones ilegales en Galicia que están a la espera de ser demolidas, bien por órdenes de la Xunta o por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, se estima que entre 1.500 y 2.000 viviendas de la ciudad olívica se encuentran en esta situación.
No obstante, el Concello ha evitado hasta la fecha que la piqueta haya abatido ni estas ni ningún otro enclave en la ciudad amenazado por órdenes de derribo. Es el caso de las torres Ifer, que albergan casi 200 viviendas y la sede del Club Financiero de Vigo, el proyecto Finca do Conde, con el centro comercial Gran Vía, o dos inmuebles en Jacinto Benavente y el edificio O Picoroto, en los que ya hay más de 200 viviendas. La salvación de todas ellas pasa por que el Concello las legalice en unos meses a través del nuevo Plan Xeral.
No obstante, Vigo no es el único concello gallego en el que hay órdenes de demolición sin cumplir. Ourense. Una sentencia firme del TSXG ratificó en el 2007 la ilegalidad de la depuradora de Reza por estar situada a menos de dos kilómetros de la población, y obligó al Concello a su traslado a otro lugar. Sin embargo, la peculiaridad del caso ha provocado que de momento se esté estudiando un nuevo emplazamiento, para que la nueva depuradora pueda funcionar antes de cerrar las actuales instalaciones.
La difícil relación entre la legalidad urbanística y el desarrollo industrial ha llevado a que tanto la Xunta como el Tribunal Superior de Xustiza hayan ordenado la demolición de varias naves en Laxe, Vimianzo, Dumbría, Zas y Coristanco, y que todavía no se ha ejecutado. En Carballo, además, son ya numerosas las viviendas declaradas ilegales. De hecho, en lo que va de año Política Territorial ya ha decretado hasta cinco órdenes de derribo.
La construcción en Ameiros de una urbanización con licencia para apartotel provocó que el Tribunal Superior ordenase la demolición de seis viviendas unifamiliares en 1999. A día de hoy, esa orden aún no se ha ejecutado.