La Guardia Civil pinchó también el teléfono del alcalde de Mugardos

Luís A. Núñez

GALICIA

09 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

La nueva Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil realizó escuchas telefónicas, al menos, a siete personas en relación con la supuesta trama de favores urbanísticos destapada el pasado lunes en Mugardos bajo el epígrafe de operación Virgin. Esto es al menos lo que refleja el abultado atestado presentado por el instituto armado tras la detención de dos funcionarios del Concello y otros dos técnicos que colaboraban habitualmente con el área de urbanismo del municipio.

Se trata de un informe de 76 folios en que se desvela que, a petición del fiscal especializado en urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio Roma, se pincharon las líneas privadas de los cuatro detenidos, de dos promotores y hasta del propio alcalde, el nacionalista Xosé Fernández Barcia. Con esto, y tras conocerse ayer la imputación del regidor, quien será llamado a declarar el próximo 19 de diciembre ante el juez, se confirma que el primer edil mugardés ya estuvo bajo sospecha durante la investigación, que se puso en marcha el pasado mayo.

Dos ordenadores

En total, según avanzaron fuentes próximas al caso, dos tomos recogen el contenido de las conversaciones telefónicas de esas siete personas. Algo que tendrán que estudiar en detalle todas las partes implicadas en un proceso que se antoja largo. Esto lo corrobora la cantidad de documentación acumulada en los últimos meses, entre ella, la extraída de dos ordenadores requisados durante los registros del pasado lunes en viviendas y estudios de los detenidos.

Pese a que el alcalde es el único cargo político imputado hasta la fecha, también se llamará a declarar a otros dos ediles, aunque su nombre no ha trascendido hasta la fecha. Quien sí prestó declaración esta semana fue la arquitecta Elia Estraviz, supuestamente relacionada con el estudio de arquitectura Xcale, de Julia y Pedro Cortizas Díaz, los dos hermanos detenidos el lunes junto con la aparejadora municipal, Mari Carmen Piñeiro Lemos, y el policía local Ovidio Torrente López, como supuestos integrantes de una trama de tráfico de influencias que operaba en el Concello de Mugardos.