Matrimonios con engaño en las iglesias gallegas.
02 dic 2007 . Actualizado a las 02:00 h.Lo ocurrido la pasada semana en Ferrol con una mafia de nigerianos y españoles que querían casarse por la Iglesia católica en la concatedral de San Julián de la ciudad departamental como vía para conseguir el permiso de residencia en España ha llevado a la diócesis a alertar sobre estas prácticas. En una circular emitida por el vicario general diocesano se advierte a los curas que deben actuar «con prudencia» y consultar ante «cualquier duda». Es decir, que no se trata de una súbita conversión de musulmanes nigerianos al catolicismo, sino de un supuesto engaño. El párroco de San Julián detectó el fraude al ver que los súbitos conversos aparecían empadronados en un edificio del centro de Ferrol que no existe porque ha sido derribado para construir una nueva casa. Los policías de Extranjería hicieron el resto del trabajo de investigación. Pero este problema, que en Ferrol aparece como novedoso, es muy frecuente en otras zonas de España, como el área metropolitana de Madrid. No es extraño, sin embargo, que las mafias buscasen la vía del casamiento católico con nacional o europeo para alcanzar los permisos de residencia sobre todo de chicas de prostíbulos. Porque las cosas se las ponen muy difíciles en las oficinas del Registro Civil. Las autoridades han enviado numerosas circulares pidiendo mayor control, y los fiscales miran con lupa los expedientes. Casamientos canónicos El pasado enero, el juez encargado del Registro Civil de Lugo informó a la Fiscalía de estos posibles matrimonios de conveniencia de extranjeros con nacionales a través de casamientos canónicos. El Concordato de España con la Iglesia de Roma le concede total autonomía para celebrar matrimonios que luego son asentados en la oficina registral civil. Es decir, el párroco se ocupa de tramitar el expediente completo, con las mismas obligaciones que el civil más las propias de la religión católica. El juez de Lugo sospechó que algunas bodas celebradas en el ámbito religioso ofrecían indicios de fraude. El párroco ferrolano que descubrió el asunto sugiere que la Iglesia ayuda a los inmigrantes necesitados en lo que puede, como es su obligación, pero como institución no puede colaborar en un hecho delictivo como el descubierto en San Julián. En el caso de llevarse a cabo algún casamiento católico en el que se compruebe su falsedad, el ministerio fiscal, en el ámbito de la jurisdicción civil, puede promover su anulación con todos los efectos que lo acompañan, así como la nulidad del permiso de residencia y otras consecuencias que acabarán en la expulsión del país.