El fiscal pide que el anterior gobierno de Ferrol declare por el caso plaza de España

F. Varela / R. Santamarta

GALICIA

09 nov 2007 . Actualizado a las 02:00 h.

El fiscal ha pedido a la jueza instructora que el ex alcalde de Ferrol y su gobierno de coalición (7 ediles del PP y 6 de Independientes por Ferrol) declaren en calidad de imputados en la causa abierta por supuestas irregularidades urbanísticas en las obras de la céntrica plaza de España. Solicita a la magistrada que acudan para realizar una «correcta calificación jurídica» de esos hechos.

Del asunto se ocupa el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1. El representante del ministerio público, en el escrito fechado el 31 de octubre que le remite a la instructora, le solicita la comparecencia «como imputados» de Juan Manuel Juncal Rodríguez (ex alcalde), Marta Cerdido Pintos (hoy parlamentaria autonómica popular), Vicente Lorenzo Luque, Rosa Novoa, José Manuel Rey Varela, Amador Rodríguez Silvar y José Manuel Vilariño por el PP; y los concejales independientes de IF José Luis Amado, Manuel Bustabad (hoy en el PP), José Manuel Couce, Juan Fernández, Leopoldo Ibáñez y Francisco Pita-Romero, quien entonces era edil de Urbanismo.

Todos ellos aprobaron acuerdos supuestamente irregulares en la tramitación urbanística de las obras de la plaza de España en cuatro ocasiones, entre el 7 de junio del 2004 y el 16 de marzo del 2005. Además, el fiscal solicita que declaren y también como imputados el arquitecto municipal y el aparejador.

Las diligencias habían sido iniciadas como consecuencia de una demanda de la federación vecinal Roi Xordo, que denunció que los trabajos de reforma en la superficie de la plaza, con la proyección de un edificio de 21 metros en el centro, se habían iniciado -lo hicieron en abril del 2005- sin un cambio urbanístico pertinente: el suelo estaba calificado como viario, no como urbanizable. Esas diligencias se abrieron el pasado julio. La federación también trasladó el caso a la Xunta, que abrió otro frente administrativo solicitando la paralización de la obra.

Si prospera la causa y no la archiva la jueza, tendría que pasar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), órgano competente cuando existen imputados que son aforados, como es la popular Marta Cerdido.

El PP, por boca de su portavoz adjunto José Manuel Rey, defendió la tramitación administrativa de esa reforma: «Contó con todos los informes favorables de los funcionarios y no se presentó recurso alguno, siempre hemos sido escrupulosos y colaboradores con la Justicia». En similares términos se expresó Juan Fernández, de IF: «En el pleno hemos votado con los informes favorables de todo el mundo, nunca sin ellos, como pasa ahora en el Concello». Unos y otros dijeron desconocer esa imputación.