La autopista que cofinanció Galicia tiene la tarifa más elevada y apenas da servicio a 4.000 vehículos diarios
GALICIA
Galicia aporta dos singularidades significativas al mapa español de infraestructuras de pago. Es la comunidad con más kilómetros de peaje entre las de su nivel de renta. El 43% de la red gallega de vías de alta capacidad obliga a pasar por caja, frente al 18% de la madrileña o el 7% de la asturiana. En kilómetros de autopistas, Galicia sí compite en la liga de los más prósperos, con Cataluña y el País Vasco. Pero, además, esta comunidad aporta un elemento diferenciador en el plano de la gestión: la AP-53 es la única vía de pago de España que tiene dos gestores diferentes. Así, un automovilista que viaje por autopista de Santiago a Ourense debe tomar la AP-53 hasta Dozón, donde sin cambiar de vía continuará por la AG-53 hasta su destino.
Esta excentricidad refleja la disparatada gestión de una autopista, la primera interior de Galicia, que el Ministerio de Fomento solo quiso construir en el tramo con más volumen de tráfico y con la participación económica de la Xunta. El Gobierno del PP aportó una subvención de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas) a fondo perdido. Pero esa contribución económica de todos los gallegos en la infraestructura no ha eximido a los usuarios de abonar una de las tarifas más elevadas. Los 42 kilómetros de trazado entre Santiago y Lalín salen a 4,80 euros. En esas condiciones, el veredicto de los gallegos sobre los cuatro primeros años de servicio de la vía es contundente. La AP-53 apenas capta 4.000 vehículos al día, un tercio del tráfico entre Compostela y la capital del Deza. La mayoría optan por la sinuosa N-525 o por combinar la autopista entre Santiago y Silleda (2,90 euros) con la carretera entre Silleda y Lalín. Pese al clamor político y social en favor de una rebaja de tarifas, la solución no parece fácil. Aunque el Ejecutivo de Fraga participó en la financiación de la AP-53, no se reservó ninguna capacidad de decisión sobre su gestión, lo que dejó todas las cartas en poder de la concesionaria. De este modo, cualquier recorte en los peajes obliga a la Xunta a pagar a la empresa que explota la vía, igual que ocurre con los tramos de la AP-9 de Rande y A Barcala. El bipartito no está por la labor, sobre todo, porque ni Fomento ni la concesionaria muestran interés. Política Territorial planteó sin respuesta un abaratamiento de tarifas que redundaría en un aumento de tráfico.
Sucesivos retrasos
La segunda fase de la AP-53, la nueva AG-53, compete a la Xunta, que tras cofinanciar la primera fase tuvo que asumir en solitario la segunda para que la autopista no desembocara en el páramo donde se plantó Fomento. El Ejecutivo gallego constituyó la sociedad pública Aceousa para rematar un vial que ha acumulado varios retrasos. La empresa se comprometió en los Presupostos del 2007 a abrir los 17 kilómetros hasta Cea en la primavera pasada, pero el otoño lluvioso del 2006 primero y unas excavaciones arqueológicas después retrasaron la conclusión hasta este mes, en el que Touriño cortará la cinta.