En la ciudad donde el alcalde Abel Caballero acaba de anunciar que con el futuro Plan Xeral se van a legalizar los 2.000 pisos pendientes de derribo, una familia podría ver reducida su vivienda a escombros esta misma semana.
Los afectados, un matrimonio y su hija, ya han anunciado que no abandonarán su vivienda cuando lleguen las palas excavadoras para tirar su casa y que «solo nos echarán de aquí a la fuerza».
El vecindario de la parroquia de Sampaio los respalda y hará presión porque considera que las autoridades cometen una injusticia y que los políticos discriminan a los más humildes. A todos les vienen a la mente las numerosas torres o el mayor centro comercial de Galicia que los tribunales declararon ilegales pero que no solo siguen en pie gracias a los recursos contra las sentencias, sino que incluso podrían ser legalizados con el futuro plan. «El Concello dice que si derribase las torres se arruinaría pero la sentencia es igual para todos. ¿Por qué soy yo el primero? Si tiran mi casa también tendrán que tirar medio Vigo. Estamos indignados porque es un claro caso de discriminación. Los jueces y el Concello solo se ceban con los más pequeños», afirma Manuel Dasilva, el propietario afectado.
El matrimonio mantuvo una batalla judicial contrarreloj desde el pasado marzo para salvar su casa de 45 metros cuadrados de planta principal y desván. Obtuvo permiso municipal en 1999 para reformar una casita de piedra antigua. Pero tiraron dos paredes viejas de ladrillo y levantaron obra nueva. Su vecina tomó fotos y los demandó por ilegalidad urbanística. La familia ganó varios pleitos, pero la vecina recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y éste ordenó el derribo por considerar que la casa era obra nueva. Tras la presión vecinal, el Concello propuso legalizar dicha vivienda en el futuro Plan Xeral, fórmula que usó para otros pisos ilegales. Pero un juez de Pontevedra rechazó esa propuesta y el pasado día 6 envió la orden de derribo que el Concello deberá ejecutar en un plazo de quince días. «No sabemos la fecha exacta, pero podría ser esta semana», afirma Manuel Dasilva, obrero de profesión.
Montaña de deudas
El matrimonio deberá pagar 48.000 euros de la hipoteca de la reforma de la casa, además de 12.800 euros que le cobrará el Concello por los gastos del derribo y las costas de su abogado. Sobre el solar derruido no podrán edificar otra casa, aunque el afectado confía en que el Concello le permita construir en la finca en el nuevo Plan Xeral. «Si al final consiguen tirarnos la casa, viviremos de alquiler y pagaremos las deudas», señala Dasilva.