Con el discurso leído, las ideas claras y con abundantes alusiones a Feijoo, que no estaba presente en la sala. La conselleira de Política Territorial, María José Caride, ofreció ayer la esperada comparecencia parlamentaria para explicar los detalles de la adjudicación de la autovía de Barbanza, que recayó en la oferta presentada por la firma Itinere, filial del grupo Sacyr, algo que se hizo, según el PP, en detrimento de la oferta presentada por San José, que fue la más puntuada en primera instancia.
Caride desveló al término de su intervención el contenido de un informe encargado a la asesoría jurídica de la Xunta respecto a esta contratación, documento que concluiría, según la conselleira, que la Administración actuó en todo momento con «procedencia e pulcritude» en la valoración y selección final de las ofertas a través de la mesa de contratación.
La responsable de Política Territorial argumentó que esta adjudicación «non era unha subasta» y que, por tanto, no estaba predeterminado que hubiese que contratar la obra con la empresa que planteara el gasto más bajo. De hecho, insistió en que la oferta elegida era «a mellor dende o punto de vista do coste social», pues aclaró que la filial de Sacyr no solo realizaría una vía de alta capacidad más segura y de mejor calidad, sino que, además, apenas tendría coste añadido para la Administración con respecto a otras ofertas, como la de San José.
Caride repitió que aunque Sacyr tenía previsto invertir 26 millones de euros más en la autovía, por ejemplo retirando los pilares de la mediana, creando cunetas de seguridad o agilizando los plazos de ejecución, a la Xunta iba a costarle prácticamente lo mismo que la obra que tenía previsto realizar San José, cuya oferta «se sitúa no sétimo lugar nos dous informes de avaliación técnica», encargados por la mesa de contratación.
Diferencia en la seguridad
Y es que la conselleira resaltó una y otra vez que la diferencia entre las ofertas radicaba básicamente en los aspectos de seguridad, hasta el punto de que acusó a Feijoo de estar interesado únicamente por el «coste» de la autovía. «Para este señor, parece que a seguridade e a vida das persoas non ten coste algún», enfatizó.
El portavoz parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas, fue el encargado de replicar a Caride, acusándola de haber encargado un segundo informe «a dedo» para justificar la adjudicación. También se extendió en explicar de forma pormenorizada cómo se contrató el nuevo informe de asesoría. Según Ruiz, mientras que la primera asistencia fue el resultado de un concurso público, eligiéndose el presentado por Eptisa-Idasa, una firma de ingeniería conocida en el sector, para el segundo la mesa de contratación abrió un procedimiento negociado, sin concurso, al que invitó a tres empresas consultoras. Y en dos de ellas, argumentó Ruiz, figuraba como apoderado la misma persona, Tomás Fernández, que en un caso se retiraba del procedimiento alegando la imposibilidad de cumplir los plazos y, en el otro, el de TT&U, resultaba la oferta elegida, tras lo cual pidió una prórroga de dos meses para realizar la asistencia.
Tanto los portavoces del BNG como del PSOE salieron en defensa de Caride y de la transparencia del proceso. El socialista Ismael Rego incluso subrayó que una de las cosas que quedaron claras del debate es que el PP adjudicaría la obra «a unha empresa que ía gastar 26 millóns menos», pero que la Xunta tendría un coste «similar» a la oferta más cara.