Los populares podrían sufrir una sanción de 600.000 euros por vulnerar la protección de datos

Las denuncias presentadas hasta ahora han dado lugar a la correspondiente investigación por parte de la Fiscalía de la Audiencia de Pontevedra. Las reclamaciones interpuestas por cuatro grovenses se detienen en diez posibles vulneraciones del Código Penal y tres infracciones de la normativa electoral. Sus responsables se exponen a penas de cárcel, que en los casos más graves se elevan a seis años, y a inhabilitaciones absolutas de hasta doce años si se demuestra la implicación de funcionarios y autoridades públicas.

La iniciativa de los denunciantes no se dirige tan sólo a los tribunales. Sendas copias de las cuatro reclamaciones han sido remitidas también a la Agencia Española de Protección de Datos, recogiendo toda una serie de posibles infracciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. De comprobarse la comisión de faltas de carácter muy grave contra los derechos de los afectados, el propio Partido Popular se enfrentaría a sanciones económicas que oscilan entre 300.000 y 600.000 euros. De acuerdo con los datos del PPdeG, el PP de Pontevedra solo habría remitido más actas de voluntarios, alrededor de 200, que el resto de provincias gallegas juntas.

Dado que la mayoría de los falsos voluntarios están o han estado vinculados laboralmente al Concello de O Grove, la institución municipal se expone, a su vez, a asumir el régimen disciplinario de las Administraciones públicas. En sus extremos más serios, los funcionarios y trabajadores hipotéticamente implicados podrían ser apartados del servicio de forma definitiva.