El Concello aún gestiona sanciones de tráfico que datan del año 2004

La concejala de Seguridade, Sandra Ríos, afirmó ayer que el Concello de Ferrol todavía tramita sanciones de tráfico que datan del año 2004. Todas esas multas, que no fueron hechas efectivas en su día, nunca podrán ser recaudadas, ya que los expedientes caducan en caso de que no se notifiquen en un plazo de tres meses. Ríos añadió que por el momento no es posible cuantificar de forma exacta el dinero que el Concello dejó de percibir por esas multas, aunque señaló que la cifra final será «importante» y que los expedientes son «muchísimos». Es más, aseveró que «se están dictando muchos sobreseimientos» para intentar eliminar el «atasco» de los expedientes atrasados.

La concejala compareció para aclarar detalles acerca de la polémica de las multas de tráfico sobreseídas. Más concretamente, por el caso denunciado por Mercedes González y su marido. Él recibió una sanción por aparcar en carga y descarga redactada únicamente en gallego. Solicitó una traducción por no comprender el idioma, pero el trámite se alargó en exceso y el plazo de tres meses venció. Sin embargo, en contestación a su solicitud, el gobierno local respondió con una «propuesta de sobreseimiento (...), debido a la imposibilidad de realizar un nuevo intento de notificación en el idioma [castellano] solicitado por el recurrente».

La edil de Seguridade subrayó ayer que el problema no es el idioma de la multa: «No es una cuestión de gallego o castellano, es de procedimiento y de plazos». Afirmó también que «siempre que se solicita se entrega la correspondiente traducción» y que en el caso antes citado «no se hizo a tiempo».

La responsabilidad de los problemas, dijo la edil, es del sistema de gestión informática de las sanciones, que no permite formularios bilingües y que «ha registrado otras deficiencias» que terminaron en el «sobreseimiento» de otras sanciones.

Esos problemas, según afirmó, están siendo tratados «en reuniones y entrevistas con la empresa». El objetivo es que la aplicación informática, «heredada» de gobiernos anteriores, se adapte al trámite de multas de una forma más precisa.

Ríos, sin embargo, evitó culpar a las anteriores corporaciones de la situación. «No se trata de buscar culpables -afirmó la concejala-, se trata de mejorar en seguridad y eficacia».

El BNG y el PP

Por su parte, el BNG señaló que existe «unha clara neglixencia da administración local, a anterior de PP-IF e a actual do Partido Socialista», ya que son «incapaces» de satisfacer «un dereito dos cidadáns» como es ser notificados «na lingua que escollan», como recoge la ordenanza municipal de normalización lingüística. El Bloque señaló que la ordenanza fue aprobada el 30 de mayo de 1997, «cos votos favorables de PP, PSOE, IU, IF e BNG», antes de la llegada al gobierno de Xaime Bello. En ella se recoge que: «O galego, como lingua propia de Galicia, é o idioma oficial do Concello de Ferrol».

Además, los nacionalistas culparon al bipartito PP-IF de no desarrollar el plan de normalización lingüística aprobado «por unanimidade» en el último trimestre del mandato de Bello.

El anterior edil de Tráfico, José Manuel Vilariño (PP), rechazó las acusaciones de negligencia y destacó «el esfuerzo» hecho durante el anterior mandato para recaudar las sanciones de tráfico. «Antes de que llegásemos -afirmó en referencia al gobierno de Bello-, sólo se recaudaban las cobradas de forma voluntaria, un porcentaje mínimo». El edil destacó: «Pusimos en marcha el cobro de las multas» y, aunque admitió que «siempre se pudo cometer algún error, como también los comete la Dirección General de Tráfico», subrayó que las obras para levantar una oficina de recaudación en San Xoán y demás instalaciones «se hicieron cuando gobernaba el PP».

Las sanciones sin cobrar

Entre agosto del 2002 y junio del 2003 la Policía Local efectuó 11.826 denuncias por infracciones de tráfico. Sólo se cobraron 704 (menos del 6%) y todas de forma voluntaria. Las cifras se hicieron públicas en octubre del 2003, cuando el PP e IF llevaban menos de cinco meses en el gobierno y calculaban en algo más de un millón de euros los ingresos perdidos por el Concello.

El programa puesto en marcha por el bipartito anterior permitió un aumento de la recaudación de las multas. Culminó este año con la contratación por doce meses de una empresa que debía encargarse de mejorar la efectividad del sistema. El contrato con la firma finalizará el próximo verano, aunque el actual gobierno local no descarta ampliarlo para finalizar la depuración de los expedientes.