La decisión de recuperar el impuesto sobre el patrimonio, esbozada por el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y asumida después por el Consejo de Ministros, está cumpliendo su propósito de marcar el debate político de la precampaña del 20-N, y ayer los socialista tuvieron un áspero encontronazo con la Xunta, renuente a aplicarlo, y con la patronal gallega, que dejó entrever que este gravamen podría ser inconstitucional.
En contra de este impuesto se pronunció el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, que tras participar en un desayuno informativo en Santiago junto al mandatario autonómico, Alberto Núñez Feijoo, manifestó que este gravamen «puede llegar a ser inconstitucional», porque entiende que se paga dos veces por lo mismo.
La toma de posición del dirigente de la patronal no fue menor. Su opinión flotaba en el ambiente de la rueda de prensa ofrecida ayer en el Parlamento gallego por el portavoz del PSdeG, Abel Losada, quien aparte de negar la inconstitucionalidad del impuesto se despachó con desdén hacia el presidente de la CEG, al que definió como un «claro representante da clase media», al tiempo que resaltó que en este asunto «cada un defende o seu» y en caso del PP y del Gobierno de la Xunta se traduce en poner por delante «os intereses dos empresarios que defenden os seus petos».
Explicaciones
Losada todavía tensó más la cuerda con la CEG al exigirle a Fontenla que explique «como vai a execución dos 18 millóns de euros que recibiu do Igape para plataformas de internacionalización», a la vez que le recomendó a Fontenla «que aprendan» de la voluntad de contribuir que mostraron algunos representantes de las rentas altas de otros países, como Francia.
También Rubalcaba siguió ayer tirando del carrete del impuesto del patrimonio, al defender desde Barcelona «ajustes» en la ley para que las comunidades no cobren dos veces la compensación por este tributo. En el caso de Galicia, el PSdeG estima que la recuperación del gravamen, que incluiría a 9.000 contribuyentes, le permitiría a la Xunta ingresar en sus arcas unos 41 millones de euros al año hasta el 2013.