Sostiene que aceptó los trajes «a sabiendas de quién asumiría el pago»
16 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Inapelable. Sin posibilidad de recursos. Francisco Camps se sentará este otoño en el banquillo acusado de corrupción. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors decretó ayer la apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat y tres colaboradores, imputados por un delito de cohecho pasivo impropio al haberse dejado regalar prendas por parte de Álvaro Pérez, el Bigotes, el testaferro en Valencia del cabecilla de la trama Gürtel.
Junto a Camps, se enfrentarán al tribunal del jurado popular Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano y actual portavoz de Economía; Víctor Campos, exvicepresidente del Consejo, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. El magistrado considera que, tras casi dos años y medio de investigación, hay pruebas suficientes que apuntan a que los cuatro aceptaron «trajes a medida, calzado y otras prendas de vestir» de manos del Bigotes y de su empresa Orange Market, plenamente conscientes de que el objetivo no era otro que el «de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas obsequiadas». El ministerio público solicita multas de 41.250 euros para Camps, Costa y Betoret, y de 35.000 euros para Campos.
Según el juez, «no hace falta razonar mucho» para llegar a la conclusión de que lo que buscaban Correa y el Bigotes con esos regalos era «poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente y del vicepresidente de una comunidad autónoma» buscando su «influencia determinante» para conseguir contratos. Lo mismo ocurría con el jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, el área en el que «las empresas desarrollaban la mayor parte de su actividad económica». En el caso de Costa, que no ocupaba puesto alguno en la Administración, el juez sostiene que los regalos eran por su influencia desde el partido y dice que su condición de diputado es asimilable a la de «autoridad» o «funcionario público».
Los regalos a los políticos del PP, sostiene el juez, tuvieron un valor cercano a los 40.000 euros. Camps se dejó obsequiar con ropa valorada en 14.021 euros, Betoret con 13.499, Costa con 7.375 y Campos con 5.529. Las prendas fueron «recibidas y aceptadas a sabiendas de quien asumiría el pago de su importe», Orange Market, la misma empresa, recuerda el juez, a la que la Generalitat entregó más de 6,9 millones de euros en contratos entre el 2005 y el 2009.
Dádivas
En su auto, el juez detalla que los responsables de la red acompañaban a los agasajados a las tiendas Milano y Forever Young en Madrid a elegir los trajes con la constatación de que los políticos salían sin abonar las compras. Flors insiste en que esos regalos «reiterados» no pueden ser más que calificados de «dádivas» y «cohechos» porque en ningún caso son «presentes o atenciones de cortesía» como los que reciben otros altos cargos. No son, insiste, «inocuos y admisibles» regalos conformes a los usos sociales.
En esa línea, el instructor detalla que los regalos no se explican por la amistad entre los gobernantes valencianos y los empresarios sino que tienen su único origen en agradar a unas personas por su condición de autoridades y la «función pública que desempeñaban». Para Flors, es muy reveladora la forma en que se hacían esas dádivas: «No es la aceptación de un único regalo ocasional, sino que esas personas (los imputados) encargaron personalmente en distintos lugares y en diferentes ocasiones varias prendas de vestir a medida y otros objetos que eligieron sin pagar su precio aceptando, en definitiva, que ese precio fuera satisfecho por un tercero que, además, estaba interesado en la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Generalitat».