La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco denunció ayer la retirada de protección a más de cincuenta cargos políticos, empresarios y periodistas vascos por parte del Ministerio del Interior y la Consejería vasca de Interior. Según afirma dicha asociación en un comunicado, esta medida resulta «como mínimo, precipitada» ya que, según destacan, «la seguridad de estas personas sigue estando en entredicho y el terrorismo de persecución sigue tan activo como siempre». «Dejarlos sin protección dibuja un escenario propicio que los violentos pueden aprovechar», según aseguran.
Reorganización
El consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, manifestó ayer que el servicio de escoltas se reorganizará de acuerdo con una evaluación de riesgos para «ser más operativos» y proteger a aquellas personas que «objetivamente tienen riesgo».
Ares argumentó que la evaluación tiene en cuenta la amenaza terrorista y los cambios en la vida de los protegidos, puesto que algunos han abandonado la «responsabilidad institucional o política» que tenían cuando se les asignó escolta.