Galicia es una de las comunidades donde más bajaron las quejas al Defensor del Pueblo
ESPAÑA
La crisis económica provocó el aumento ?de las denuncias individuales en el 2009.
24 jun 2010 . Actualizado a las 14:38 h.Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo bajaron en el 2009 respecto al 2008 en once comunidades autónomas y lo hicieron de forma más acusada en Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura. Según el informe de esta institución, que entregó ayer el defensor Enrique Múgica a los presidentes del Congreso y del Senado, las quejas en Castilla-La Mancha descendieron un 50,94%, en Extremadura, un 35,49% y en Galicia, un 33,71%.
Asimismo, el número total de quejas en el conjunto de España se redujo en unas 13.000, pasando de 92.388 en el 2008 a 79.386 en el 2009. Sin embargo, a pesar de este descenso, Múgica explicó que la crisis económica ha provocado un aumento de las quejas que los ciudadanos registraron de forma individual. Así, las quejas individuales presentadas el año pasado fueron 18.392 -2.588 más que en el 2008-, la cifra más alta en la historia de la institución.
La mayoría de estas quejas fueron por asuntos vinculados a la crisis económica, como la actuación de las Administraciones públicas en materia económica, impuestos y tributos, infraestructuras y urbanismo y vivienda. Así, el Defensor del Pueblo considera que en tiempos de crisis como el actual se deberían «redoblar» las exigencias hacia las entidades financieras y aconsejó, en concreto, que se supervisen las cláusulas abusivas que algunas entidades incluyen en sus hipotecas. «Hay que tener muy en cuenta las circunstancias que han caracterizado al año 2009, en el contexto de una crisis económica que viene afectando, directa o indirectamente, a todos los ciudadanos, un período de dificultades que pone a prueba la solidez de nuestras estructuras sociales», explica el informe.
Por otra parte, el mayor número de denuncias fue remitido desde las comunidades más pobladas, como Madrid, con el 23,50% del total; Cataluña, con el 15,89%, Andalucía con el 12,87% y Valencia, con el 10,80%.
Asimismo, el informe hecho público por el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el estado de diversos ámbitos de la realidad española, entre los que destacan los siguientes.
El Defensor lamenta la tardanza en la aprobación de la nueva ley de protección de las víctimas del terrorismo, cuyo borrador fue presentado ayer por las fuerzas políticas a los colectivos de víctimas. Además, afirma que «si el Estado ha de cuidar siempre de forma prioritaria de los intereses de aquellos que sufren las consecuencias de los delitos, con más razón debe actuar diligentemente para paliar el sufrimiento de quienes son objeto de la amenaza y las acciones terroristas».
El Defensor considera «inoportuna» una reforma de la ley del menor que rebaje la edad mínima de responsabilidad penal por «hechos aislados», pero al mismo tiempo muestra su preocupación por la «inconcreción» de la legislación para casos de menores de 14 años que cometen delitos graves. El informe vuelve a censurar, como en el anterior, «situaciones verdaderamente trágicas» registradas en los centros de protección para menores, que han podido conducir a los jóvenes a situaciones de intento o comisión de suicidio.
El informe recuerda que en la última década la ley de extranjería se ha reformado cuatro veces, por lo que hace un llamamiento para lograr la estabilidad normativa «en una materia trascendental como esta». El informe recuerda que la crisis ha moderado el flujo migratorio, por lo que «sería un momento muy propicio para normalizar las capacidades y recursos administrativos» y gestionar bien la llegada, permanencia y salida de extranjeros en España.
Según el documento, los ciudadanos aprecian un «claro deterioro» de la Sanidad Pública y denuncian problemas «estructurales» y «crónicos», como las largas listas de espera para pruebas diagnósticas, ante las que «no se aportan soluciones, o las aportadas son poco eficaces».
hace hincapié en la «acusada elevación» del número de quejas por los problemas en la tramitación de las prestaciones por desempleo, como efecto directo del «dramático» incremento en el número de parados debido a la crisis económica.