El juez de Arrecife Jerónimo Alonso rechazó ayer imponer un tratamiento médico a Haidar una vez que la activista saharaui rechazó cualquier asistencia sanitaria. El juez acordó «no haber lugar al traslado forzoso de Aminatou Haidar a un centro hospitalario para que se valore su estado de salud o para que sea sometida a tratamiento médico contra su voluntad».
En todo caso, el asunto ya ha generado un debate entre algunos juristas, partidarios de forzar la alimentación de la activista para evitar su muerte, y otros, además de los médicos, contrarios a suministrar alimento a una paciente que, en su sano juicio, deja patente su voluntad de mantener la huelga de hambre, incluso después de perder la consciencia por su mala salud.
Así, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) rechazaron que un juez pueda ordenar la alimentación forzosa de Haidar, la Asociación Francisco de Vitoria (AFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) defendieron la potestad de un magistrado para decretar que la activista saharaui sea alimentada si su vida corre peligro.
Para Antonio García, portavoz de la APM, hay que respetar la voluntad expresada libremente, pues si no se estaría violando el derecho a la dignidad: «No podemos decidir por ella si no quiere alimentarse», señaló. En esta misma línea se expresó Miguel Ángel Gimeno, portavoz de JpD. En su opinión, existen principios, como el de la dignidad, que no se pueden vulnerar, y que no existe interés de Estado que pueda pasar por encima. Y añadió que si se la alimentara tras la pérdida de consciencia sería «un fraude», porque ya ha expresado antes su deseo de no serlo.
Estos jueces explican que el caso de Haidar no tiene precedentes, y que se diferencia de cuando un preso se deja morir en la cárcel, en que en estos casos su voluntad está sometida a la del Estado, por depender de Instituciones Penitenciarias, según la jurisprudencia establecida por el Constitucional.
Sin embargo, Marcelino Sexmero, portavoz de AFV, cree que sí se podría ordenar la alimentación de la activista saharaui en caso de que peligre su vida y cuando haya perdido la consciencia, porque se encuentra a disposición de las autoridades españolas al haber entrado de manera irregular en el país. Conrado Gallardo, de FJI, aseguró que si un informe médico determina que la vida de la mujer corre peligro, el juez puede actuar, «porque no se puede tolerar el suicidio, que, aunque no está castigado, sí debe ser impedido en la medida de lo posible.