cataluña Aguirre impugna la cesión de competencias sobre inmigración a Cataluña para frenar el Estatuto

Esperanza Aguirre abrió un nuevo frente de oposición al Gobierno al intentar impedir en los tribunales la aplicación del Estatuto de Cataluña antes de que se pronuncie el Constitucional. La presidenta madrileña impugnó ayer ante el Supremo el decreto del Ejecutivo central que permite la transferencia a Cataluña y a Andalucía de competencias claves en inmigración, entre ellas la concesión de permisos de residencia y trabajo a ciudadanos extracomunitarios.

La maniobra de Aguirre, con la que discute la constitucionalidad de la medida gubernamental, no cogió por sorpresa a los responsables nacionales del PP, que fueron avisados de la decisión adoptada la pasada semana por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ante la demora del Constitucional, que recibió los recursos contra el Estatuto catalán hace tres años, Aguirre decidió frenar al Gobierno y actuar por su cuenta sin esperar al fallo que, entre otros muchos aspectos planteados por el PP, debe resolver también sobre si es legal dejar en manos de las autonomías parte de la política de extranjería. Una transferencia de competencias que, según los populares, va en contra del artículo 149 de la Carta Magna que reserva como «competencia exclusiva» del Estado la «regulación de la nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

Los juristas de la Comunidad de Madrid han encontrado en el recurso contencioso-administrativo el resquicio para dar guerra en los tribunales, apenas el Ejecutivo central ha comenzado a desarrollar el Estatuto. El real decreto recurrido ante el Tribunal Supremo es el 1.162/2.009, aprobado el pasado 10 de julio y que reforma el reglamento de la todavía vigente Ley de Extranjería, sin tener en cuenta que en las Cortes se está tramitando una nueva normativa sobre inmigración. La Comunidad que preside Esperanza Aguirre recurre a la vía de lo contencioso-administrativo, puesto que la norma impugnada no tiene rango de ley y, por lo tanto, no puede ser recurrida ante el Constitucional como ocurrió en el caso del Estatuto catalán.

La tramitación de sendas impugnaciones, aunque tengan el mismo fondo, se llevará cabo en procesos independientes.