Un convenio de colaboración policial sin precedentes prevé compartir información hasta sobre hábitos sexuales
19 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La CIA, el FBI o cualquier agencia especializada en terrorismo o en delitos graves tendrá acceso a los archivos españoles más confidenciales. España nunca había llegado tan lejos en la cooperación internacional, ni siquiera con Francia. Un acuerdo firmado el pasado 23 de junio en Washington entre el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, el fiscal general estadounidense, Eric Holder, y la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Jane Holl Lute, dio luz verde a que los agentes antiterroristas norteamericanos tengan acceso directo a las bases de datos policiales españolas, incluidas aquellas que contengan datos tan íntimos como opiniones políticas, vida sexual o prácticas religiosas de sospechosos. El pacto es recíproco y, así, los funcionarios de Interior también podrán consultar sin intermediarios y sin apenas restricciones los archivos estadounidenses sobre huellas dactilares, ADN y antecedentes penales.
El artículo más peliagudo de este convenio sin precedentes es el 13. Ese precepto autoriza a las autoridades españolas a facilitar a los funcionarios antiterroristas norteamericanos «datos personales que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas o creencias religiosas o de otra índole y afiliación sindical» o informaciones personales sobre «la salud o la vida sexual» de sospechosos. Eso sí, advierte el protocolo, esos datos solo podrán entregarse a Estados Unidos «si son especialmente relevantes» para la investigaciones sobre estos supuestos terroristas. Los dos Gobiernos reconocen la especial sensibilidad de la cesión de estas informaciones sobre ciudadanos sospechosos, por lo que se comprometen a «adoptar las salvaguardias adecuadas» para proteger la privacidad.
Otro aspecto muy delicado del protocolo, según los especialistas de Interior, es su artículo 11. Este precepto da luz verde a entregar a Estados Unidos, «incluso sin que lo haya solicitado» Washington, todo tipo de datos de personas de las que se sospeche que «puedan cometer o que hayan cometido delitos de terrorismo o afines», que pudieran estar siendo entrenadas para ataques o que pudieran mantener contactos con bandas armadas.?El elenco de datos que Interior puede entregar sobre estas personas bajo sospecha residentes en España es muy amplio: «nombres, apellidos, identidades anteriores, alias, versiones ortográficas alternativas del nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidades actual y anteriores, número de pasaporte, números de otros documentos de identidad, datos dactiloscópicos, condenadas o la descripción de las circunstancias» que han hecho pensar que esa persona pueda ser un terrorista.
Directa y automatizada
El acuerdo contra la delincuencia grave, que en realidad es un exhaustivo protocolo de nueve páginas y 25 artículos, también establece el compromiso de ambos Gobiernos a abrir de par en par sus bases más comprometidas para las investigaciones antiterroristas.
No solo compromete a compartir datos de esos archivos, sino a autorizar que funcionarios del otro Estado accedan y naveguen sin cortapisas en esas bases en determinadas instalaciones policiales, denominadas «puntos de contacto nacionales». Así, se autoriza la consulta directa y automatizada de las bases dactiloscópicas (huellas dactilares) y de perfiles de ADN de ambos países en busca de activistas. Serán siempre casos individuales, pero se podrá rastrear la base completa, aunque sin conocer identidades.