El Ejecutivo admite numerosos fallos en los todoterreno Aníbal que adjudicó a Santana en detrimento de Uro
ESPAÑA
El Gobierno reconoce que los todoterreno ligeros Aníbal, que utilizan entre otras las tropas destinadas en misiones de paz en Kosovo y Líbano, sufren fallos y «distintos problemas técnicos», según reconoce en una escueta respuesta a una batería de preguntas realizadas por la senadora gallega del PP María Jesús Sainz. Estos vehículos fueron adjudicados en el 2004, al poco de la llegada de los socialistas al poder, a la empresa Santana, participada por la Junta de Andalucía, en detrimento de la gallega Uro.
La sucesión de fallos detectados en los vehículos obligó al Ministerio de Defensa, en junio del año pasado, a limitar su uso al interior de los acuartelamientos. Aunque entonces no quiso aclarar cuáles eran los fallos, que una fuente de la empresa calificó a La Voz de «no excesivamente leves», militares acostumbrados a su uso comentaron a este periódico que eran habituales los problemas «con la palanca de cambios y la dirección en cuanto pasas de 50 por hora», además de que debían llevarlos al taller hasta varias veces al mes.
Informes técnicos elaborados en su día por servicios técnicos militares denunciaron numerosas y frecuentes averías relacionadas con la dirección, la transmisión y el motor, que podían deberse «a la fatiga prematura de los materiales y/o a un inadecuado control de calidad en el proceso de fabricación».
En la respuesta que el Gobierno ha dado por escrito a las preguntas que entonces le planteó María Jesús Sainz, admite que «los fallos detectados son diversos y se pueden agrupar en dos tipos: fallos encontrados durante la puesta en servicio de la primera serie y fallos detectados tras la realización de un número elevado de kilómetros».
Los primeros fallos fueron descubiertos en el 2005, es decir, inmediatamente después de la entrega de las cien primeras unidades, adjudicadas en el 2004 por un importe de 2,8 millones de euros. En total, Defensa ha firmado siete contratos de compra de estos vehículos hasta el pasado año, pero es difícil de cuantificar sus montantes exactos ya que estos convenios, al igual que los de adquisición de repuestos y mantenimiento de los sistemas de armas, fueron tramitados por procedimientos de urgencia y sin publicidad. Según los cálculos realizados por La Voz, Defensa ha adquirido algo menos de 2.000 vehículos por un importe que ronda los 60 millones de euros.
El Gobierno ha tardado más de seis meses en entregar su respuesta a las preguntas de María Jesús Sainz, que ayer criticó, en declaraciones a La Voz, tanto la tardanza (200 días, cuando el reglamento del Senado establece un plazo de 20 días hábiles) como la insuficiencia de las explicaciones. La senadora gallega recordó que la obligación del Gobierno es «garantizar la seguridad de los soldados», no «defender o favorecer a una empresa privada», en referencia a los problemas que atravesaba Santana en el momento en que recibió la adjudicación de Defensa. Sainz recordó que, con anterioridad, los todoterreno eran fabricados, «con mucha solvencia», por la santiaguesa Uro.
La senadora gallega reclamó la rescisión del contrato con Santana y anunció su intención de exigir responsabilidades políticas si se confirma que hubo negligencia en la adjudicación del contrato a Santana.