Cinco días después de que la Audiencia Nacional declarara incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975), también el Tribunal Supremo rechazó asumir esa causa.
El Tribunal Supremo rechazó asumir la competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, al considerar que ninguno de los presuntos autores de estos delitos desempeña en la actualidad cargo alguno que los convierta en aforados y, por lo tanto, en enjuiciables por este órgano. Un argumento que viene a decir, con otras palabras, que el alto tribunal no tiene nada que investigar porque las personas señaladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como responsables de las miles de desapariciones que se produjeron durante la dictadura han fallecido.
En un breve escrito notificado ayer, la Sala de lo Penal responde así al requerimiento que hizo Carmen Negrín, nieta del ex presidente Juan Negrín (1937-1945), para que el alto tribunal asumiera la causa contra el general Francisco Franco y 44 altos cargos de su Gobierno y jefes de la Falange.
El Supremo añade además que tampoco hay indicios de que las personas que actualmente desempeñan estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado intervinieran o participaran en los hechos.
Sin fundamento legal
El tribunal considera que «no hay razón ni fundamento legal» que justifique el conocimiento por la Sala de lo Penal de la investigación de las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo, y ordena el archivo del recurso de Carmen Negrín, que hace 17 días acusó a los magistrados por considerar que participaron en la deliberación «mientras estaban recusados por no ser imparciales», una petición que, como esta, fue también rechazada por la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La Audiencia declaró el pasado 28 de noviembre incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, por considerar que su pretensión de investigar las desapariciones ilegales están recogidas dentro de los delitos comunes y, por tanto, es competencia de los juzgados territoriales. Estos tendrán que decidir si admiten la inhibición de Garzón y continúan con el asunto en el ámbito local.