El Gobierno rehabilitará en los próximos meses el buen nombre y la memoria de todos los españoles perseguidos o represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, cuyo número se calcula en medio millón de personas. La puesta en marcha del procedimiento, por el que el Estado reconocerá de manera individual y explícita la injusticia sufrida por estas personas, es una de las ocho medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para llevar de inmediato a la práctica lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace casi un año.
El Ministerio de Justicia pondrá en marcha en breve un procedimiento simple por el que los propios represaliados, sus familias o las instituciones en las que ocuparon cargos que lo soliciten obtendrán, tras comprobar la documentación acreditativa y en un plazo no superior a seis meses, un título o declaración oficial de «reparación y reconocimiento personal» emitido por el Estado. La solicitud incluso podrá realizarse a través de Internet.
El documento reconocerá, aunque sea con 70 años de retraso o tras su fallecimiento, su derecho a la reparación moral, a la recuperación de la memoria personal y familiar, y declarará el carácter «radicalmente injusto» de todas las condenas, sanciones y cualesquiera otras formas de persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos, culturales, sexuales o religiosos ejercidas por los militares sublevados o la dictadura. Es lo más parecido a la anulación masiva de los juicios sumarísimos o condenas ideológicas cuya consecución material se ha demostrado prácticamente imposible en los diferentes intentos habidos ante el Tribunal Supremo.
Un segundo real decreto establece el procedimiento para que quienes fueron asesinados o incapacitados durante el tardofranquismo por defender y reivindicar las libertades y la democracia obtengan indemnizaciones de entre 35.000 y 135.000 euros. Se trata de víctimas del período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, fallecidos, incapacitados o grandes inválidos que han quedado fuera de anteriores reparaciones y que no han recibido indemnización o compensación económica con cargo a los sistemas de protección social por estos hechos.
La tercera y cuarta medidas son la puesta en marcha de procedimientos ágiles y sencillos para conceder la nacionalidad española a los miembros de las brigadas internacionales que vinieron a defender a la República y a los hijos y nietos de los españoles que tuvieron que exiliarse para evitar la represión tras la derrota. En el quinto de los acuerdos, el Consejo de Ministros dictó instrucciones a los ministerios, en especial a los de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, para que retiren los símbolos franquistas que existan en sus cuarteles, comisarías, edificios e instalaciones. La única excepción serán los escudos, insignias, placas y otros objetos que se acredite que tienen un valor histórico o artístico, o que son un elemento esencial de la estructura del edificio.