Los usuarios no pueden pedir la cancelación de la información que las empresas faciliten a las fuerzas de seguridad
14 sep 2008 . Actualizado a las 02:53 h.El Gobierno ha ordenado a todas las operadoras de telefonía móvil que conserven durante doce meses los datos de todos los usuarios que migren, es decir, que cambien de compañía manteniendo su antiguo número. El motivo es que el Ejecutivo considera que esa información puede ser útil en la lucha contra el terrorismo, como ya se demostró en las investigaciones del atentado del 11-M .
La orden de no destruir las fichas de los viejos abonados entró en vigor el pasado día 7 y está firmada por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La circular 1/2008, que ya ha sido repartida entre todas las operadoras, recuerda a las compañías que los «datos relativos al uso de comunicaciones electrónicas son particularmente importantes y, por tanto, una herramienta valiosa en la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de delitos, en especial contra la delincuencia organizada y el terrorismo».
Por ello, el Gobierno establece que «la información almacenada en las bases de datos de los sistemas de portabilidad» (cambio de operador) deberá ceñirse a lo establecido en la ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones 25/2007, aprobada el pasado de octubre, que regula la obligación de los operadores de conservar durante dos años los datos de tráfico y de localización sobre las personas físicas y jurídicas, «así como los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado».
La norma insiste en que las operadoras a partir de ahora tendrán obligación de «ceder» todas estas informaciones sobre viejos abonados «a los agentes facultados», esto es los miembros de los cuerpos policiales «autorizados» en funciones de policía judicial, los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el personal adscrito a Vigilancia Aduanera.
Las instrucciones de Industria son la primera actualización del la ley de conservación de comunicaciones, que permite a las fuerzas de seguridad el acceso a numerosos datos sobre los usuarios de teléfonos móviles. Policía y Guardia Civil, explican mandos de la lucha antiterrorista, ya han utilizado en los últimos meses «decenas de veces» las prerrogativas que la nueva normativa permite, siempre bajo supervisión judicial.
Las operadoras que pasen a la autoridad policial datos de antiguos usuarios que hayan cambiado de operadora, como el resto de las informaciones obtenidas para investigaciones terroristas, tendrán prohibido comunicar a los clientes que se han entregado informaciones sobre ellos y tampoco los usuarios podrán pedir la cancelación de estos datos, tal y como ocurre con otros ficheros que se encuentran protegidos bajo el control de la Agencia de Protección de Datos.