La ley de memoria histórica superó ayer el penúltimo obstáculo para su aprobación. La Comisión Constitucional del Senado rechazó los dos vetos que contra el polémico texto presentaron por muy diferentes motivos PP y ERC. Para los populares, esta ley es «innecesaria» y «engañosa», y para los republicanos un «fraude» por quedarse corta. La comisión aprobó el dictamen de la ponencia sobre este proyecto, que, de cumplirse las previsiones de sus impulsores, será definitivamente aprobado en el pleno que se celebrará la semana del 10 al 14 de diciembre.
El debate en el Senado sirvió para que el PP y ERC volviesen a mostrar su rechazo a una iniciativa que cosechó muchas críticas cuando fue propuesta por el Gobierno, pero que poco a poco ha logrado recabar el apoyo del resto de grupos. El portavoz del PP, Alejandro Muñoz-Alonso, reiteró que para su grupo la ley «va contra el espíritu de la Transición» y con ella el Gobierno «alienta» una «tendencia revisionista» que cuestiona la legitimidad del actual régimen constitucional. Muñoz-Alonso, que se definió como «antifranquista en la transición, cuando había que serlo», señaló que la transición fue «perfecta».
«Una sepultura digna»
La socialista Ruth Porta, afirmó no entender por qué el PP no apoya esta ley, que «no va contra nadie ni condena a nadie» y busca establecer medidas a favor de las víctimas de «una cruenta guerra civil y una cruel dictadura».
«No se trata de decir quiénes fueron los buenos y los malos», destacó. Los socialistas defendieron que uno de los principales objetivos es que miles de familias puedan, tras más de 70 años, recuperar los restos de sus padres, hermanos y abuelos y «darles una sepultura digna».
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