El rechazo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al recurso presentado contra el concurso eólico del bipartito por varias empresas ha abierto si cabe más la vía de la reclamación por parte de las firmas que se presentaron entonces y se sintieron damnificadas con la nueva convocatoria de la Xunta del PP, que derogó el decreto del Gobierno de coalición.
De las 174 participantes en ese concurso nueve han pedido indemnizaciones, según admitió ayer el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien puntualizó que «terán que demostrar o custo de presentación dos proxectos», y subrayó que «isto estaba xa previsto na lei».
El conselleiro justificó la decisión del Gobierno popular porque el anterior decreto tenía a su juicio visos de ilegalidad. Preguntó a los periodistas qué habrían hecho si tuvieran delante un informe del Consello Consultivo que habla de «ilegalidade infranqueable», y otros estudios legales que se pronunciaban negativamente. «Un Goberno responsable o que ten que facer é que isto saia adiante coa máxima seguridade xurídica», manifestó.
Guerra rechazó que la sentencia del TSXG pueda tener consecuencias sobre el último concurso. El sector, desde su punto de vista, «está nestes momentos blindado cunha lei». Recordó que hay pendiente otro recurso de una segunda empresa, por lo que conviene, observó, «ter os pés no chan» al interpretar el fallo judicial.
La resolución del concurso eólico por el anterior Gobierno, insistió, mantiene vivos 55 recursos en vía administrativa, que se encontraban sin resolver al llegar el PP a la Xunta, así como 43 contenciosos contra la admisión a trámite.
Guerra defendió el nuevo concurso, aseguró respetar la sentencia y dijo desconocer si alguna empresa presentará recurso. «Non tiven contacto con ningunha, entereime da sentenza por un medio de comunicación e, en todo caso, non afectaría para nada á nosa decisión», recalcó. Por su parte, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijoo, insistió al término del Consello de la Xunta, en que el concurso eólico tiene amparo legal. «O Parlamento ten unha lei que dá garantía, transparencia e seguridade ao concurso», precisó.
El BNG reclamó la comparecencia de Núñez Feijoo y la dimisión del responsable de Industria. Al respecto, Guerra advirtió que «non está prevista a reestructuración» de su departamento: «No pensei nisto, porque actuamos con boa fe e bo goberno». Los socialistas creen que la sentencia confirma «a plena integridade e legalidade do decreto». El PP lo habría derogado por que «non cumpría as expectativas do PP en relación cos posibles adxudicatarios».
«Se non se paralizase o decreto as consecuencias terían sido incalculables»
Javier Guerra
«O Goberno da Xunta de Galicia actuou entón dentro da máis estrita legalidade»
José Luis Méndez Romeu