Los sindicatos cargan contra la reforma laboral que hoy debate el Senado y dicen que da más razones para la huelga
ECONOMÍA
La tramitación de la reforma laboral sigue levantando ampollas. El texto legal, que ayer llegó al Senado para el debate de casi 300 enmiendas (concretamente 289), saldrá hoy de la Cámara alta con los «retoques» que finalmente se aprueben para, de vuelta en el Congreso, quedar definitivamente listo a principios de mes, probablemente el 9 de septiembre. Pero paralelamente a la primera jornada de trabajo en el Senado ?-una ponencia a puerta cerrada- los secretarios de Acción Sindical de CC.??OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, cargaban contra la reforma, de la que sostienen que «profundizará la crisis y el desempleo», y contra unas enmiendas que, entre otras cosas, suponen «el ataque a los desempleados».
Precisamente por ello, por considerar «regresiva», además de «injusta» e «ineficaz» la reforma, enviaron un mensaje a los grupos parlamentarios, pidiéndoles que «reconduzcan» el texto, del que «temen lo peor» tras las enmiendas que salgan adelante en el Senado.
Y es que las declaraciones que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, realizó el lunes defendiendo reducir a 30 días -desde los 100 actuales- el período en el que los desempleados pueden rechazar ofertas de formación o de empleo sin perder su prestación, ha desatado las críticas sindicales, que consideran que aún hay más razones para la huelga general convocada para el 29 de septiembre.
En la rueda de prensa conjunta ofrecida por Ferrer y Górriz, el primero afirmó que en el 2009 solo 8.000 desempleados fueron sancionados por dicho motivo, e insistió en que «no estamos en un país donde ese sea el problema». Asimismo, ambos se mostraron perplejos porque el PSOE no hubiera planteado propuesta ni enmienda alguna en ese sentido en el Parlamento, ni el Ejecutivo lo hubiera puesto sobre la mesa durante el diálogo social.
En una entrevista radiofónica, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, fue más allá y acusó al Ejecutivo de pretender «maquillar» las cifras de paro con tal medida. Así, por muy «razonable» que a Corbacho le parezca la reducción del plazo, Toxo lo acusó de «criminalizar» a los desempleados y le recordó que «no están en el paro por gusto». Entiende que forzar de este modo a los parados a acceder a ocupar cualquier puesto de trabajo que se les ofrezca es «apostar por la precarización».
Ferrer y Górriz pusieron el acento en el mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo, que ni ofrecen puestos de trabajo a los parados ni políticas activas, por falta de medios.