REFORMA LABORAL La previsión de pérdidas futuras será otra causa de despido objetivo

El PSOE se quedó solo en sacar adelante su reforma laboral. Las abstenciones de CiU y PNV permitieron que la norma continúe su tramitación parlamentaria, especial y de urgencia para que la ley entre en vigor a primeros de septiembre. El texto se votó en comisión para su traslado al Senado. Los 18 diputados socialistas dieron su sí, mientras que los 16 del PP, el uno de IU-ERC-ICV y el uno del grupo mixto votaron en contra, lo que produjo un empate. Sus señorías tuvieron que recurrir al llamado «voto ponderado», es decir, a la correlación de fuerzas en el Congreso para que la reforma laboral pudiera continuar su camino parlamentario. Así no hubo problemas, puesto que el PSOE con sus 169 escaños es el partido mayoritario en la cámara.

La jornada parlamentaria fue caótica. Hubo replicas y contrarréplicas entre los diputados, y acusaciones sobre que los documentos a debatir no eran los apropiados. Fue Carles Campuzano, de CiU, quien avisó que el PSOE había introducido en el texto remitido a la comisión sus 17 enmiendas transaccionales (apoyadas por dos o más grupos) sin que fueran aprobadas por los grupos. El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, resumió lo ocurrido con ironía. Aseguró que la situación era la consecuencia de ciertas negociaciones «entre bambalinas». Finalmente, el PSOE presentó otras enmiendas transaccionales, al parecer negociadas con el PNV y con CiU a cambio de que ambos grupos se abstuvieran en la votación del texto definitivo.

En uno de los capítulos más polémicos del proyecto, socialistas y PNV pactaron a última hora una enmienda por la que se concretan las causas económicas para el despido objetivo, incluyendo la previsión de pérdidas a futuro o la disminución persistente de los ingresos que puedan poner en riesgo la viabilidad de la empresa o su capacidad para mantener el volumen de empleo.

El PSOE renunció a que entre los motivos para la expulsión justificada de los trabajadores figurara la caída relevante de beneficios y la falta de liquidez. Quitó ambas razones e introdujo «la disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a la viabilidad de la empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo». No obstante, la empresa que utilice esas causas tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de estos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

En una de las enmiendas pactadas con CiU se ataca la lucha contra el absentismo injustificado, informa Efe. El despido será procedente cuando un trabajador falte de forma intermitente al trabajo el 20% de las jornadas en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses.

Además los inspectores médicos de la Seguridad Social tendrán las mismas competencias para emitir un alta médica de las que gozan los inspectores sanitarios. La reforma estipula que podrán dar el alta a partir de los cuatro días de baja frente a los 14 actuales.