El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, definió ayer como «inevitable» el recorte presupuestario de 24.000 millones de euros que aprobó su Gobierno para los próximos dos años, que no toca las pensiones y confía en los resultados de la lucha contra la evasión fiscal. «Las pensiones quedan tuteladas y garantizadas. No hay ninguna intervención sobre las pensiones. Pedimos solo a quien se dispone a jubilarse que se mantenga un tiempo más en su puesto de trabajo», explicó Berlusconi.
En una rueda de prensa en Roma junto a su ministro de Economía, Giulio Tremonti, aseguró que la reducción del gasto público y, por lo tanto, de la «intervención del Estado», es la «mejor receta» para hacer frente a la actual crisis y a la especulación.
Berlusconi reclamó un gesto de responsabilidad a los funcionarios, ya que sus puestos de trabajo no sufren el riesgo de despido que pueden tener otros trabajadores del país. «Pedimos ajustes a los funcionarios públicos, porque su renta ha aumentado en los últimos años algo más que la de los trabajadores privados. A los funcionarios les espera una particular responsabilidad en el plan», dijo el primer ministro sin dar más detalles.
Del 5 al 2,7% en dos años
En su plan de ajuste, que fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros en la forma de decreto ley, Italia insta a las entidades municipales a que reduzcan sus «gastos menos productivos». «Hemos decidido intervenir para llevar la relación entre déficit y PIB del actual 5% al 2,7 en el 2012. Hemos aprobado una reducción de 12.000 millones de euros al año, basado en un ajuste en el gasto público y en la lucha contra la evasión fiscal», comentó Berlusconi. «No hemos aumentado los impuestos, porque nuestro objetivo es y sigue siendo el de reducir los números del ajuste de otros países», agregó.
Respuesta sindical
El principal sindicato del país, CGIL, ha anunciado ya una manifestación de los funcionarios para el 12 de junio y próximamente decidirán la fecha de una huelga general. Las críticas de ayer se suman a las ya expresadas, entre otros, por el presidente de la Conferencia de las Regiones, Vasco Errani, que tachó el plan económico de «insostenible».